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José Grinda y Juan José de la Rosa, fiscales del caso del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, inconformes con la decisión del juez Santiago Pedraz de archivar la causa en su contra, presentaron ayer un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid para que el magistrado siga investigando.
En el documento, según revelaron fuentes judiciales a EL UNIVERSAL, los fiscales insisten en que las empresas del ex gobernador de Coahuila: Unipolares y Espectaculares del Norte, así como Negocios Asesoría y Publicidad podrían no tener empleados ni actividad.
Solicitaron por segunda vez que indague de nuevo toda la documentación referente a esas compañías, por ejemplo, nóminas de trabajadores.
Reiteraron que las transferencias de casi 200 mil euros que Moreira realizó durante 2013 a sus tres cuentas corrientes en España se hicieron con dinero procedente de Los Zetas, por lo que consideraron que se cometió un delito.
Manuel Ollé, abogado de Moreira, tiene un plazo de cinco días para presentar un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal formada por tres jueces que serán quienes decidan.
Ollé debe presentar más documentación que acredite la veracidad de las empresas de Moreira, desacredita los presuntos vínculos de su cliente con el narcotráfico y reitera el hecho de que en España no se cometieron delitos.
Moreira fue detenido el viernes 15 de enero acusado por la Fiscalía Anticorrupción de los presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal, por lo que fue encarcelado una semana en Madrid.
El pasado 9 de febrero, el magistrado decidió archivar de manera provisional la causa y se negó a solicitar una comisión rogatoria internacional a México, para que las autoridades “realicen pesquisas para verificar la documentación aportada por Moreira”.
En su fallo, el juez rechazó las afirmaciones de la Fiscalía. Aseguró que en 2013, cuando Moreira hizo las transferencias de dinero, sus empresas existían. Sobre las supuestas empresas de las que hablaba la fiscalía, dijo que el acusado “aportó extensa documentación como las escrituras públicas, el pago del impuesto de sociedades y la declaración de la renta”.
Recordó que el posible blanqueo de dinero habría tenido lugar en México y no en España, “por lo que la jurisdicción española no sería competente”.
Pedraz, magistrado del Juzgado Central número Uno de la Audiencia Nacional de Madrid, no sólo se negó a crear una comisión rogatoria internacional a México, para verificar la documentación aportada por Moreira, sino que anunció el sobreseimiento provisional del caso.
