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El secretario de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade Martínez, pidió al Congreso de la Unión definir de manera clara —en las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción— los tipos penales para castigar el enriquecimiento ilícito de servidores públicos por actos de corrupción.
“Es pertinente que los legisladores aborden el tema de las conductas que se considerarán como actos de corrupción para efecto de que a nivel penal y en tribunales, los casos puedan ser adecuadamente documentados, particularmente en el tema de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos”, dijo.
Andrade Martínez indicó que adicionalmente al trabajo legislativo, la SFP convocará a todos los actores involucrados, incluyendo a la sociedad civil, a foros para comenzar con la implementación del sistema.
Dijo que entre las prioridades para este año está el consolidar el sistema de quejas y denuncias ciudadanas por actos de corrupción y hacer reformas a los regímenes de contrataciones para que en todas las licitaciones haya transparencia y apertura.
Buscarán reformas en materia de tratamiento de conflicto de interés, integridad y ética en el gobierno, entendida la integridad como la aspiración de conducta óptima de los servidores públicos para que se manejen en condiciones de transparencia, austeridad y servicio público, dijo.
Expuso que en la agenda que la SFP trabaja con la OCDE, hay algunos temas en los que México tiene avances, pero requiere más intensidad, como son los vinculados a asuntos de cohecho y de carácter penal.
Afirmó que con la OCDE se trabaja en dos vías: la del aprendizaje y la capacitación que pueda dar el organismo con mejores prácticas, pero también en el reconocimiento de las mejores prácticas que México puede, desde el punto de vista institucional, ofrecer a los países en transparencia y combate a la corrupción.
“En transparencia es muy importante mencionar que la creación de una autoridad autónoma de los tres poderes y del gobierno, junto con las nuevas reglas de los sujetos obligados, generará una práctica importante que a nivel global, es ejemplar”.
Destacó que no cualquier país tiene una institución (como el Inai) que regula transparencia y es juez para determinar qué es lo que se abre y qué es lo que se mantiene en reserva.
