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Al ser investidos como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los nuevos integrantes del máximo tribunal retomaron parte del debate que marcó su proceso de elección: la igualdad de género y la rendición de cuentas.
Durante la sesión solemne para la entrega de la toga ministerial, el juez Javier Laynez Potisek calificó como positiva la participación ciudadana que se vivió durante el proceso que concluyó en su designación, al tiempo que se comprometió con la transparencia y la rendición de cuentas ante la sociedad civil, sin importar si las personas u organizaciones que exigen información son especializadas o no en cuestiones jurídicas.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández advirtió que aun cuando la capacidad no es cuestión de género, un país democrático requiere la participación activa de las mujeres para construir el país que los mexicanos necesitan, pero también para que ellas actúen y piensen por sí mismas, asumiendo sus carreras como un fin.
La ceremonia de investidura arrancó con un reconocimiento de la ministra Margarita Luna Ramos a la trayectoria de sus nuevos compañeros y con una defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Posteriormente, la ministra Piña dijo que la SCJN debe hacer efectivos los derechos humanos a través de sus resoluciones, garantías como la igualdad, que a pesar de estar reconocidas en la Constitución no se aplican en la vida real, afectando a mujeres, infantes, personas con discapacidad, adolescentes, indígenas y otros sectores sociales.
Agregó que como ministra de la Corte no le prestará atención a las etiquetas o estereotipos, puesto que su objetivo no es lograr publicidad, sino llegar a la verdad y a la justicia, por lo que sus determinaciones judiciales las va a tomar sin atender a los caprichos de grupos de poder o de interés.
“Asumo mi responsabilidad como ministra de esta SCJN con la finalidad no sólo de proteger y garantizar nuestra Carta Magna y los tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos, que forman parte de nuestro derecho interno, sino fundamentalmente con la pretensión racional de que mis decisiones contribuyan a que nuestro país se viva conforme a nuestra Constitución. Mi compromiso es con los justiciables y con la sociedad a la que pertenezco y a la que a lo largo de mi vida profesional he servido”, indicó.
En su turno, Javier Laynez Potisek resaltó la nueva etapa que vive la Suprema Corte, renovada por completo tras las reforma constitucional de 1994, así como los debates intensos que se dieron en el actual proceso de designación, destacando que en los últimos 20 años el Poder Judicial se ha robustecido con el reconocimiento de diversos actores para entablar controversias de inconstitucionalidad.
Recordó que el principio propersona, el control de convencionalidad sobre las leyes y la ampliación en el número de actores jurídicos que pueden impugnar una norma, conocido como interés legítimo, son medios que colocan al máximo tribunal como el garante directo de los derechos humanos.
Ante dicha responsabilidad, explicó Laynez, los ministros deben reconocer que su legitimidad no se da con la investidura del cargo, sino con sus sentencias y su conducta.
“Con total convencimiento, habré de sujetarme al escrutinio no solamente de mis pares, sino de los mexicanos que hoy están decididos y dispuestos a realizar un control social de la actuación de este máximo tribunal. Ese es mi compromiso personal y profesional más profundo”, concluyó.
