El Instituto Nacional Electoral (INE) devolvió a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para analizar lo procedente, el caso de la consejera presidenta del organismo electoral de Colima, Felícitas Alejandra Valladares, a quien el PRI demandó remover del cargo.

El Consejo General preveía declarar infundada la denuncia interpuesta por el PRI en contra de la funcionaria electoral, por haber declarado la delantera del entonces candidato a gobernador de Colima, Jorge Luis Preciado, en la elección ordinaria disputada el 5 de junio, en la que finalmente resultó ganador el priista Ignacio Peralta, aunque el proceso fue anulado después, por otras razones.

Sin embargo, en sesión extraordinaria que lleva ya casi diez horas, el Consejo del INE determinó devolver el proyecto y analizar si hay otra alternativa de sanción, pues la ley faculta al INE a remover del cargo a un consejero de Organismo Público Local (OPL), pero no prevé una sanción intermedia.

La decisión causó la molestia de los partidos políticos, particularmente del representante del PRD, Pablo Gómez, y del de Morena, Horacio Duarte, pues se pretende, acusaron, agregar al reglamento para la designación o remoción de consejeros de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLs), un catálogo de sanciones menores.

Duarte aseguró que con esto el INE hace un reconocimiento de errores en las designaciones de consejeros pero advirtió que si no los quieren remover está el juicio político como alternativa a recurrir.

“Que se diga que se va a hacer un reglamento a modo eso a mí no me gusta”, advirtió Duarte al repudiar que mientras duerme “el sueño de los justos” la petición de remoción de consejeros del OPL de Chiapas.

El consejero Ciro Murayama, advirtió que ante el dilema en que está el INE, corresponde en este caso una sanción, así sea la “pena máxima” pues la ley no prevé otra.

Lo que hizo Valladares fue una irresponsabilidad mayúscula, que una autoridad electoral ofrezca información no comprobada y “no somos cronistas de una carrera de caballos, tenemos que dar certeza” pue s la autoridad se valora por sus resoluciones.

“A mi si me parece que estamos en un caso sin atenuantes, con responsabilidad directa” y por tanto se acredita lo que establece la ley como causal de remoción, que es, mínimo, descuido en el desempeño en un momento grave” dado que fue un proceso muy cerrado.

El sentido de nuestro pronunciamiento debe ser, expuso, al funcionario  lo dejas o lo sustituyes “estamos ante un descuido mayúsculo por tanto me separo de no imponer una sanción”.

Sin embargo se pronunció por “explorar otras alternativas de sanción” y a propuesta del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se regresó el asunto.

El consejero Marco Antonio Baños estableció que es posible realizar ajusten en los reglamentos, “estamos ante una situación normativa inédita” reconoció el consejero Javier Santiago Castillo.

Empero Córdova aseguró que la devolución del proyecto es para discutir y no para que haya una “sanción intermedia o no”.

Y ACUSAN PARCIALIDAD DE OPL DE TAMAULIPAS

En la sesión, el PAN demandó al INE –sin éxito- la atracción de la facultad de integración y designación de consejeros electorales propietarios y suplentes de los consejos distritales y municipales del Instituto de Tamaulipas, que tendrá elección en junio.

El representante del PAN, Francisco Gárate, advirtió que el OPL ha actuado con parcialidad, se vulneraron los principios que debió considerar el OPL al hacer la designación y se pone en riesgo la imparcialidad.

Esos Consejos son los brazos ejecutores, son los que realizan las funciones materiales de la organización electoral, por eso debe cuidarse quienes integran esos consejos, advirtió Gárate al exigir una evaluación de la actuación de los OPLs en la integración de esos consejos, so riesgo de que haya “más Tamaulipas”.

jram

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