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Madrid.— Manuel Ollé, abogado español experto en extradiciones, pedirá hoy la libertad condicional del ex presidente del PRI, Humberto Moreira, preso en una cárcel madrileña acusado de blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, cohecho y organización criminal, durante la comparecencia del ex funcionario mexicano ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.
El litigante, quien estará acompañado por los abogados mexicanos Víctor Olea y Ulrich Richter Morales, tratará de demostrar la inocencia del ex gobernador de Coahuila con la presentación de numerosas facturas para justificar las transferencias de casi 200 mil euros que el ex político recibió en sus tres cuentas corrientes en España de dos sociedades que tiene en México: Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios, Asesoría Publicidad.
El propio Moreira tratará de probar que dichas transferencias no están relacionadas con el blanqueo de dinero, en contra de lo que afirma la resolución del juez, a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
Moreira reconocerá que sí recibió esos casi 200 mil euros en sus cuentas corrientes, pero argumentará que los recursos se obtuvieron lícitamente, fruto de la dos compañías citadas; que el dinero lo empleó para pagar la renta de su casa en Barcelona: 3 mil euros mensuales, la escuela de sus hijos, la manutención de ellos y de su mujer, Vanesa Guerrero, entre otros gastos de la familia como teléfono, calefacción, luz y demás facturas.
Para lograr la libertad condicional de Moreira, Manuel Ollé dirá que no hay riesgo de fuga, puesto que tiene arraigo en España, donde residió en Barcelona durante 2013 y estudió un posgrado en la universidad; ofrecerá entregar su pasaporte y que se presente cada semana en el juzgado.
Los fiscales anticorrupción, José Grinda y Juan José Rosa, se opondrán a la libertad condicional alegando que no tiene arraigo en España y que hay riesgo de destrucción, ocultar y modificar pruebas; tratarán de demostrar que el dinero procede de cuentas secretas en paraísos fiscales y de prestanombres. El juez Pedraz decidirá. El ex gobernador de Coahuila fue detenido el 15 de enero pasado en el aeropuerto de Barajas, por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española, en virtud de una orden de busca y captura dictada por la Fiscalía Anticorrupción, cuando llegaba procedente de México. Está preso en el módulo de preventivos (sin juzgar) en la cárcel de máxima seguridad de Soto del Real, a 40 kilómetros de Madrid.
La orden de detención fue emitida por la Fiscalía Anticorrupción y según el auto se le acusa de haber realizado transferencias por 200 mil euros durante varios meses de 2013 a tres cuentas corrientes en las que figura como titular en bancos españoles. En cuanto a cifras “se reporta que los fondos de los que habría sido beneficiado durante su estancia en España habrían ascendido a 199 mil 79 euros con 48 céntimos”, según el documento.
