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Las candidaturas independientes constituyen una alternativa viable para fortalecer el derecho ciudadano a ser votado, así como la competitividad y la pluralidad en el sistema político-electoral mexicano, aseveró el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
En una investigación de la Dirección General de Investigación Estratégica opinó que a ese tipo de figuras “hay que comprenderlas simplemente por lo que son: una nueva vía que permite a ciudadanos postularse a un cargo electivo al margen de los partidos políticos”.
Reconoció, no obstante, que por sí solas “no son la solución a los problemas de nuestra democracia” ni representan una amenaza “como algunos actores las han querido ver”.
El Instituto Belisario Domínguez del Senado indicó que en términos de regulación los retos más importantes que enfrentan las candidaturas independientes son su reglamentación a nivel estatal, principalmente de cara a las reformas que han aumentado los requisitos para su registro y que afectan el derecho al voto por la vía independiente.
De igual forma, los mecanismos de financiamiento suficiente para una contienda electoral equitativa entre candidatos y partidos.
En el documento “Candidaturas independientes en México. Antecedentes, avances, resultados y perspectivas”, recordó que la reforma político electoral de 2014 estableció que cada una de las 32 legislaturas locales estaría encargada de reglamentar y definir los requisitos para permitir candidaturas independientes a cargos locales, así como el acceso a financiamiento público y a tiempos en radio y televisión.
Sin embargo, dijo, tras los triunfos en las pasadas elecciones de seis candidatos independientes los congresos de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz aprobaron leyes que elevan los requisitos para registrar una candidatura independiente.
Enfatizó que esa situación plantea un desafío central para los objetivos de la reforma político-electoral de 2014: cómo armonizar la autonomía de las entidades federativas con la determinación de requisitos razonables que hagan viable el ejercicio de un derecho ciudadano de reciente creación, garantizado en la Constitución.
