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El plazo legal para que una jueza federal resuelva si hay suficientes elementos de prueba para librar una orden de aprehensión contra el ex vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Distrito Federal y ex subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar y Vega, se agota la medianoche de este miércoles, de acuerdo con información de fuentes judiciales.
Las autoridades del Consejo de la Judicatura Federal explicaron que la jueza Décimo Primera de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, Rosa María Cervantes Mejía, se encuentra a unas horas de resolver la denuncia presentada contra Escobar por la ex diputada federal del PRD, Julisa Mejía Guardado, misma que fue consignada ante el juzgado federal en noviembre pasado.
La denuncia de la ahora ex legisladora fue presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo titular Santiago Nieto Castillo, después de analizar los elementos de prueba que contenía el expediente, determinó que el Ministerio Público de la Federación consignara la averiguación previa del caso, el pasado 25 de noviembre, según un comunicado oficial dado a conocer ese mismo día.
De acuerdo con la FEPADE, a Escobar y Vega se le imputan “presuntos delitos electorales” derivados de aportaciones en dinero y en especie a la campaña electoral del Partido Verde de este año, a pesar de que “existe una prohibición legal para ello, contemplada en el artículo 15 de la ley electoral”.
En el pliego de consignación que se puso a disposición de la jueza Cervantes Mejía, se detalla que el indiciado, en su carácter de líder del PVEM, está relacionado con la firma de contratos para la distribución de tarjetas de descuento conocidas como Premia Platino, durante la pasada contienda electoral.
Previo a la demanda penal que se presentó en la PGR, el 7 de marzo pasado el PRD presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por la entrega de estas tarjetas e incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 9 de julio, ordenó suspender la entrega de estos beneficios.
Toca ahora a la jueza determinar si las pruebas que aportó la FEPADE ameritan o no conceder la orden de aprehensión.
