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Con 387 votos a favor, 31 en contra y diez abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados avaló -con modificaciones- la minuta del Senado con la que se expide la Ley de Transición Energética, y que se concede “flexibilizar” el plazo que tienen los empresarios para cumplir con los Certificados de Energías Limpias (CEL´s).
El documento, que fue devuelto al Senado, permitirá a los industriales que si en el momento que tengan que cumplir con su obligación (en 2018), no hubiera en el mercado eléctrico disponibilidad, de cuando menos el 70% de los certificados de energía limpia que el mercado requiere, puedan diferir, sin multa, hasta el 50% en un plazo de dos años.
“Es decir, les da garantía de que si no tienen acceso a esos certificados de energía limpia porque no se hubieran construido las suficientes plantas generadoras de energía, puedan ellos diferir su obligación, entonces no estarían en riesgo económico como ellos lo señalan”, comentó la presidenta de la Comisión de Energía, la priísta Gerogina Trujillo.
La modificación se dio en el artículo 22 transitorio y busca darle “mayor contundencia” a la flexibilización que se les dará a los empresarios para darles certeza jurídica después de que este lunes los integrantes de esta comisión se reunieron con ellos.
Este dictamen busca expedir la Ley de Transición Energética, cuyo propósito será regular el aprovechamiento sustentable de la energía, las obligaciones en materia de fuentes limpias y la reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Energía, diputada Georgina Trujillo Zentella (PRI), expresó que esta ley asegura que el sector energético mexicano no solamente contribuya al desarrollo económico y social del país, sino también garantiza el cumplimiento de metas que México ha establecido a nivel internacional y que ha fijado como una política de desarrollo sustentable en la nación.
Además, se busca alcanzar los compromisos internacionales, es decir, que en el 2018, el 25% del total de la energía generada sea a través de la limpia; para 2021, el 30% y, para el 2024, el 35% de toda la energía que se consuma sea producida con base en las limpias.
De acuerdo con investigaciones del propio sector privado, la aprobación de esta ley permitirá una inversión en los próximos 14 años del orden de 70 mil millones de dólares y la generación de empleos directos del orden de los 180 mil, afirmó.
Trujillo Zentella argumentó que este dictamen permitirá dar flexibilidad al cumplimiento de estas metas; va a garantizar que el costo de incrementar las energías limpias en el país no exceda un nivel adecuado para la economía mexicana y, por lo tanto, no tenga un impacto en la competitividad de las empresas mexicanas ni de la propia Comisión Federal de Electricidad.
Puntualizó que actualmente la mayor parte de la energía eléctrica que se genera en el país se crea con base en gas, importado en su mayoría de Estados Unidos. “La ley va a permitir obligar a la generación de energía con otros mecanismos y otras tecnologías que impidan que estemos dependiendo de los costos tan variables que el gas tiene a nivel mundial”.
Georgina Trujillo destacó que esta ley va a permitir mitigar el riesgo de la dependencia. “Es crucial garantizar el cumplimiento de las metas internacionalmente comprometidas por el país, dar certeza jurídica a la inversión que puede representar al año casi el doble de lo que genera la industria automotriz o la minera”
