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El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano (PRD), convocó a los coordinadores de las diversas fuerzas políticas a verificar a detalle la propuesta de dictamen de la Comisión de Justicia que expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, toda vez que su redacción está diseñada para proteger más a los particulares que a los asuntos de seguridad nacional.
Solicitó hacer una revisión rigurosa a esta iniciativa, ya que pone a las instituciones como el Ejército, la Marina y la Policía Federal al servicio de los privados y confiere el carácter de “seguridad nacional” a las actividades de éstos en igualdad de condiciones a las que viene realizando el gobierno federal.
“Con esta ley no sólo se transgreden estos principios fundamentales, sino que también se abre la puerta para la conformación de guardias blancas y contratación de empresas de mercenarios que vulneran la propia seguridad nacional”, alertó.
Zambrano Grijalva indicó que la propuesta, que involucra reformas a diversas disposiciones de los Códigos Federal de Procedimientos Penales, Penal Federal, Fiscal de la Federación y Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes federales contra la Delincuencia Organizada y de Extinción de Dominio, no debe pasar sin el debido escrutinio para que posteriormente no haya lamentos.
Destacó que de permitir que personal o los vehículos de los asignatarios o contratistas, concesionarios privados, estén clasificados bajo el rango de “seguridad nacional”, tal y como se prevé, les proporciona un estatus que nada tiene que ver con lo que debe ser una estrategia de seguridad.
“Tendría que revisarse qué clasificación objetiva debe asignársele a la información a qué hace referencia el artículo aludido o, en su defecto, eliminarlo de la minuta”, refirió.
El ex líder nacional del Partido de la Revolución Democrática indicó que no se debe criminalizar la protesta y mucho menos considerarla como un acto de terrorismo, ya que no se puede identificar como actos de terrorismo la protesta social o la exigencia ciudadana.
“La propuesta de ley de reforma lo que hace es identificar estos actos de protesta, de resistencia, con terrorismo y como causales de penalidades y hasta de crimen organizado y cosas por el estilo. Eso no es terrorismo. La protesta social no es violencia y por eso no podemos aceptar una asimilación de este tipo”, agregó.
