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alberto.morales@eluniversal.com.mx
El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), Joel Salas, advirtió que la institución y organizaciones civiles deben dar puntual seguimiento a los procesos de armonización de las leyes locales con la Ley General de Transparencia, para verificar que cumplan con el espíritu de la reforma constitucional.
Al participar en el panel Experiencias compartidas de Gobierno Abierto: los ejercicios locales de Coahuila y Jalisco, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Salas dijo que no es posible construir gobiernos abiertos si ni siquiera se cumple con el mandato constitucional y lo que establece la Ley General de Transparencia.
Expuso que el Congreso de Tabasco aprobó una iniciativa de ley para homologar su legislación con la Ley General; sin embargo, advirtió que dicha propuesta va en contra del espíritu de la reforma constitucional, porque otorga al Consejero Jurídico la posibilidad de interponer un recurso de seguridad estatal y, de este modo, atacar las resoluciones del órgano garante.
“Lo peor que nos puede pasar es que gobiernos locales hablen de gobierno abierto y en la práctica vulneren el espíritu del sexto constitucional”, sostuvo el comisionado.
Salas Suárez planteó que el gobierno abierto implica modificar la relación entre población y autoridad, pero la clase política no tiene muchos incentivos para lograrlo, por lo que se requiere que la sociedad civil exija, pida y demande el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución.
Afirmó que el modelo de gobierno abierto contribuye a recuperar la confianza ciudadana y permite conectar los principios de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas y tecnologías de la información para convertirlos en políticas públicas.
El funcionario expuso que el Inai impulsa que este modelo sea adoptado en los diferentes niveles de gobierno.
A nivel local, hay 13 estados que participan en ejercicios de gobierno abierto y nueve de ellos han instalado espacios de trabajo conjunto entre la sociedad civil, los órganos garantes del derecho de acceso a la información y las autoridades.
