Más Información
De colores y distintos tamaños, Comisión del INE aprueba boletas para elección judicial; falta voto del Consejo General
Comisión del INE aprueba recorte para organizar elección judical con 6 mil mdp; ajustan actividades de bajo impacto
Llega Navidad para choferes y repartidores; publican en el DOF decreto para derecho a seguro médico, indemnización y utilidades
politica@eluniversal.com.mx
La omisión por parte del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, sobre la asesoría que brindó al PRD en el Senado, afectó el ambiente político y puede generar consecuencias para los procesos electorales del próximo año, consideraron analistas políticos.
Gustavo López Montiel, catedrático en la Facultad de Ciencia Política en el Tecnológico de Monterrey, consideró que si bien la omisión de Nieto Castillo sobre su desempeño laboral antes de la FEPADE no genera un conflicto de interés, sí produce conflictos políticos entre las distintas fuerzas, principalmente porque lo que deja de existir es confianza en el juez electoral.
EL UNIVERSAL dio a conocer en exclusiva el viernes pasado que Nieto Castillo omitió poner en su hoja curricular que fue asesor del PRD en el Senado, en el proceso para ser designado, por lo cual firmó tres contratos por un millón 80 mil pesos.
El sábado este diario informó que en la hoja de vida que entregó el 4 de marzo de 2014 a la Cámara de Diputados, para ser consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), también suprimió señalar que estaba contratado por el partido del sol azteca en el Senado.
Pega a credibilidad. “Sí creo que existe una afectación política importante con respecto a la credibilidad [del fiscal] y respecto a la fortaleza que se requiere en el cargo para perseguir los delitos, particularmente los que cometen los partidos políticos y sus simpatizantes, es ahí en donde hay un impacto importante”, comentó Gustavo López Montiel en entrevista.
De no aclarar la situación, añadió, la situación del fiscal se puede volver inmanejable especialmente durante los procesos electorales que se llevarán a cabo el próximo año en 13 entidades, donde 12 renovarán a gobernadores.
López Montiel subrayó que si bien no se constituye un delito el haber omitido la información laboral, seguramente hubiese sido importante conocerla al momento de la toma de decisión sobre el nombramiento de Santiago Nieto al frente de la FEPADE.
“Esta información pudo haber generado diferencia, pues implica la imposibilidad de haber sido designado en el cargo que ocupa hoy”, comentó.
Por su parte, Vidal Romero, politólogo y académico del ITAM, subrayó que la omisión de Nieto Castillo fracturó la confianza que debe existir en el fiscal electoral.
“El problema es doble, uno es la parte legal que puede o no ser un conflicto de interés, pero el hecho es que ocultó información que es relevante en términos de confianza y esto va a hacer muy difícil que desempeñe su papel”, consideró.
Romero señaló la necesidad de destituir de su cargo a Santiago Nieto, toda vez que si no existe certeza sobre la imparcialidad en su actuar las consecuencias se pueden ver reflejadas en los procesos electorales a desarrollarse en 2016.
Para Alberto Aziz Nassif, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el fiscal electoral incurrió en una situación de opacidad debido a que ocultó algunos datos al Congreso de la Unión.
“Si él [Santiago Nieto Castillo] tiene un comportamiento donde ocultó información pues es algo incorrecto”, indicó Aziz Nassif.
Lo que hizo el fiscal, según el especialista, tiene relevancia porque es el único que le ha puesto un alto en serio al Partido Verde Ecologista por violar la ley electoral.
Se complica solvencia: Curzio. El analista político Leonardo Curzio Gutiérrez estimó que al vincularlo con un partido político “se complica severamente” la solvencia del titular de la FEPADE para seguir en el cargo, pero esa relación no es ilegal. Consideró que eso “complica mucho su vida”.
Pero eso es una pena, indicó, porque finalmente todos los grupos parlamentarios en el Senado votaron su designación como fiscal.
Señaló que su actuación en el cargo tuvo “el primer gran campanazo [con el caso de Arturo] Escobar y creo que había por primer vez actividad en una fiscalía que hasta ahora no había servido prácticamente para nada sino para gestionar algunas cosas menores”.
Sin embargo, el caso del Partido Verde Ecologista de México no tiene por qué diluirse haya o no dicho la verdad al Senado, indicó el también investigador del Centro de Investigaciones de América del Norte (CISAN) de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Son dos cosas que corren por cuerdas separadas, que no haya dicho la verdad a los senadores, primero, y ahora que a los diputados cuando quiso ser consejero tampoco informó, no es lo más apropiado, pero por otra parte creo que si el caso en contra de Escobar está bien fundado no creo que tenga por qué diluirse”, comentó.