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La omisión de información curricular del titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, de la que se desprendería un cuadro de conflicto de interés, confrontó a las fuerzas políticas en el Congreso.
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, dijo que Nieto Castillo no fue empleado de la bancada, sino un asesor de alto nivel en materia constitucional y electoral, y “yo daba por hecho que todos lo sabían [en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), al firmar el acuerdo con la propuesta de su nombramiento que votó el pleno por unanimidad]”.
“Haber sido asesor del grupo parlamentario del PRD no le impedía participar en ese proceso, pues los requisitos en la convocatoria no mencionan una prohibición en ese sentido”; entonces nada lo inhabilita, dijo Barbosa.
El vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el senador Carlos Alberto Puente Salas, acusó de engaño y traición al fiscal, así como al perredista Miguel Barbosa, por ocultar información al Senado respecto a que se mantenía una relación laboral.
El senador Enrique Burgos (PRI) dijo que el caso debe ser investigado por los órganos de gobierno del Senado —Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política— y que la indagatoria se puede realizar a la brevedad, pues quienes participaron están activos en la Cámara Alta y se tiene el expediente del caso. “No haría descalificación alguna de ninguno de los componentes, ni del fiscal, ni del Senado, ni de la Comisión de Justicia, porque en principio se actuó de buena fe”.
Por su parte, el también senador priísta, Arturo Zamora, secretario de Elecciones del CEN del PRI, consideró que la situación de Nieto debe ser valorada por la Mesa Directiva de la Cámara Alta, además de que se debe aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece que deben conducirse con veracidad.
“Como partido, estamos sumamente extrañados del proceder del ahora titular de la FEPADE, Santiago Nieto, porque faltó a la ética profesional al ocultar información en el sentido de que tenía una relación de dependencia económica con un partido político a través de su grupo parlamentario”.
Por su parte, el PAN, por conducto de Fernando Rodríguez Doval, dio un espaldarazo al fiscal, a lo que se sumó el senador panista Daniel Ávila Ruiz, quien dijo que el no haber reportado una relación laboral no invalida a Nieto, y pasó la factura a la Comisión de Justicia, pues en todo caso “debieron preguntarle todo”.
Fernando Rodríguez Doval dijo que “la ley no impide a una persona asesorar a un grupo parlamentario en el Congreso y luego buscar diferentes vías lícitas para ganarse la vida”.
El diputado Jesús Sesma, coordinador de la bancada del PVEM en San Lázaro, dijo que presentará en la próxima sesión una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la procuradora general, Arely Gómez, a la destitución de Nieto Castillo, por ocultar información al Senado.
Carlos Alberto Puente Salas dijo que hay conflicto de interés oculto en la designación del fiscal, pues no integró a su currículum que recibiría más de un millón de pesos por servicios a la bancada del PRD.
“Ni Nieto ni Barbosa revelaron la relación laboral que establecían, cuando el primero era aspirante a fiscal, por lo que es ilegítimo en el cargo y tendrá que renunciar”.
Barbosa reaccionó: “El fiscal no fue impulsado por el grupo parlamentario para participar en ese proceso”, en el cual, si se omitió mencionar la relación que había, “es cuestión de Nieto”.
El legislador dijo que en este caso “no está violándose ninguna ley. Si no, que alguien me diga qué ley se violó. ¿Qué ley violó Santiago Nieto al registrarse a un proceso cuando era asesor de un grupo parlamentario? Qué bueno que su contrato lo celebró con el Senado y que el Senado le pagó directamente”.
