Tras darse a conocer que laboró como asesor del PRD en el Senado de la República, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, aseguró que su labor en la Cámara Alta la realizó a solicitud directa del órgano legislativo y no de un partido político, ya que se desempeñó como secretario técnico para la reforma política.

A través de un comunicado que difundió en su cuenta de Twitter, señaló que entre enero de 2014 y febrero de 2015 también trabajó como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el que fue contratado por el propio Senado de la República para realizar “funciones de investigación” e impartir cátedra de maestría para legisladores de varias fuerzas políticas.

En el documento, el titular de la FEPADE destaca que si en su currículum no especificó todos los contratos de prestación de servicios que ha obtenido como investigador y asesor, obedece a que un perfil curricular debe mostrar experiencia, trayectoria y conocimiento en una materia —la electoral en su caso—, por lo que no incluyó todas las asesorías que ha prestado a dependencias de gobierno, universidades, fracciones parlamentarias y partidos políticos, pues su labor “siempre ha sido académica, no partidista”.

Rechazó que haya violado la ley durante el proceso en el que fue electo titular de la FEPADE, ya que su ficha curricular fue revisada por los senadores de todos los partidos políticos, quienes “después de leerla consideraron que cumplía con todos los requisitos para ocupar la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales”, por lo que también negó que incurra en algún conflicto de interés.

“Cumplo con todos los requisitos legales y los adicionales de la convocatoria [para ocupar la titularidad de la fiscalía], por lo que no existe conflicto de interés alguno”, respondió ante las acusaciones del Partido Verde Ecologista de México.

En otra parte del texto, afirma que la investigación jurídica sobre la constitucionalidad de las normas “no tiene colores partidistas”, ya que la Carta Magna se puede considerar como un arreglo de cada una de las fuerzas políticas, además de reiterar que no tiene militancia política de ningún tipo.

Por último, advierte que la procuración de justicia tampoco tiene colores partidistas y destacó que la actuación de la FEPADE en todos los casos, incluyendo las imputaciones contra Arturo Escobar, se refleja en sus pliegos de consignación, ya que se han presentado acusaciones formales contra personas que militan en todas las fuerzas políticas y sin distingo de ideologías.

“El derecho penal electoral no persigue institutos políticos, sólo investiga a personas físicas que cometen delitos”, dijo.

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