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Senadores de oposición al PRI arremetieron en contra de Alejandro Jaime Gómez Sánchez al señalarlo como cercano al gobierno federal e incurrir en conflicto de interés en su candidatura a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de omisiones en los casos de feminicidios y el caso Tlatlaya bajo su actual cargo de procurador de justicia del Estado de México.
El aspirante a ministro de la Corte comparece hoy ante la Comisión de Justicia del Senado de la República como parte de las presentaciones de los candidatos a ministros.
Ahí, legisladores independientes del PRD y PT arremetieron en contra del procurador por su cercanía al consejero Jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos Cervantes, y al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por lo que aseguraron que hay un conflicto de interés.
Al respecto, el procurador mexiquense se defendió al decir que está libre de conflictos de interés y que nunca ha “recibido instrucción de algún superior jerárquico o del gobernador del Estado de México (Eruviel Ávila) o el Presidente (Enrique Peña Nieto) para actuar contrario a derecho”.
Aseguró que su capacidad y trayectoria en el servicio público lo ha llevado a estar dentro de las ternas de candidatos a ministros de la Corte.
“Pudo haber influido o no el Consejero Jurídico. La oficina que tramita jurídicamente las propuestas de designación que el Ejecutivo federal presenta al Senado de la República, es el Consejero Jurídico del Ejecutivo federal. No tendría yo más a poder contestar si el consejero jurídico fue a ver al Presidente de la República o si Alfredo Castillo fue a ver al Presidente de la República, no lo sé, realmente lo desconozco”, respondió por cuestionamientos del senador del PRD, Armando Ríos Piter.
La senador independiente, Martha Tagle, expresó que es increíble que el Ejecutivo federal mande una terna donde existe un candidato cuya figura es cuestionada por su trayectoria en varios cargos desempeñados en la administración pública y cercano al Ejecutivo federal.
“Ha reconocido los fuertes vínculos con la actual administración pública federal”, sentenció Tagle.
En su oportunidad para cuestionar al candidato a ministro, la senadora del Partido del Trabajo (PT), Layda Sansores, dijo abiertamente que ya está decidido que Gómez Sánchez será uno de los dos ministros que sustituyan a los ahora ex ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.
“Esto es lotería cantada, lotería pactada. Sentimos que a dos de tres les están viendo la cara y que también a algunos senadores nos usan para montar esta escenografía. Leo su curriculum y veo que fue ex coordinador de asesores de Medina Mora, el fantasma de Medina Mora junto a usted. Madre mía como diría”, expresó.
El candidato a ministro –el tercero que ha comparecido ante la Comisión de Justicia- se defendió y sostuvo que en sus 25 años como servidor público en la PGR, Judicatura, PGJDF, entre otras dependencias, se ha mantenido al margen de los titulares de las unidades administrativas y se ha conducido con objetividad e imparcialidad.
Al respecto el senador del PRD, Humberto Fernández Fuentes, también le cuestionó sobre como garantizaría ser un ministro independiente; mientras que el candidato respondió que la garantía de independencia la otorga a ley.
Alejandro Encinas, senador que se separó del PRD, precisó que desde hace años el candidato a ministro ha trabajado con el mismo grupo político (PRI), por lo que “difícilmente se puede garantizar la autonomía plena en cualquier órgano”.
“No puede venir a decirnos que nunca ha recibido instrucciones del presidente o del gobernador, no actúa de manera independiente. Como procurador tampoco goza de autonomía, porque depende directamente del gobernador”, dijo.
Encinas, igual que otros de los senadores integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, resaltaron el caso Tlatlaya –de supuestas ejecuciones extrajudiciales de 22 personas- debido a que Gómez Sánchez ha llevado el caso como procurador de justicia del Estado de México.
El procurador mexiquense explicó que se ha ejercido acción penal contra siete elementos de la policía ministerial y un agente del ministerio público por el delito de abuso de autoridad.
“Sigue abierta la investigación y está en manos de la autoridad judicial”, indicó.
El senador Encinas criticó también el trabajo del procurador en el combate a feminicidios en el Estado de México. Detalló que en los últimos 10 años organizaciones reportan 300 feminicidios anualmente; mientras que las autoridades -únicamente en 2015- han reconocido 19 casos.
Hoy también comparece, ante la Comisión de Justicia del Senado, el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Álvaro Castro Estrada.
afcl
