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Un grupo de 72 intelectuales y 15 organizaciones civiles exhortaron al Poder Ejecutivo a garantizar que el debate sobre la regulación de la marihuana “sea serio”, basado en evidencia científica, en el análisis racional de las políticas públicas y con apego a los derechos humanos.
Quienes suscriben la carta indican que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció sobre el tema, por lo que ahora debe hacerse una discusión basada en las mejores estrategias de regulación y políticas en torno a la marihuana.
En la misiva se detalla que desde hace años se han efectuado diálogos sobre el enervante sin tener resultados, pues existe una política prohibicionista, que usa al derecho penal y la persecución policiaca como principal forma de control de sustancias y reducción de la oferta y la demanda.
Los firmantes aseguran que al sumarse el gobierno federal a la convocatoria Nacional sobre el Uso de la Marihuana, no es algo nuevo, por el contrario, “nos preocupa que con ello pretenda exclusivamente ganar tiempo y sustituir la acción con una discusión estéril que no tome en cuenta todo lo avanzado en la deliberación previa y lo que la Corte Suprema ha resuelto en materia de derechos fundamentales”.
Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda Gutman, Fernando Gómez Mont, María Elena Morera, Juan Villoro, José Woldenberg, María Amparo Casar, Jacqueline Peschard, Ricardo Raphael y Vidal Llerenas, entre otras personalidades y organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia; Colectivo por una política integral hacia las drogas, la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, así como la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis AC se sumaron a esta iniciativa para solicitar un debate “en serio” de la legalización de la yerba en el país.
En el documento, que enviaron al Ejecutivo federal, aseguran que la actual política de drogas ha tenido impacto negativo en diversas dimensiones de la sociedad mexicana, entre ellas el desarrollo y la seguridad, la salud pública, los derechos humanos, la sustentabilidad del medio ambiente, las posibili dades de investigación y persecución del crimen organizado, la corrupción y la eficacia en el gasto público.
Los intelectuales y organizaciones que firman la carta piden que no se adelanten conclusiones en un debate al que apenas ha convocado, pues la decisión debe ser tomada a partir de la “evidencia científica y la evaluación de costos y beneficios sociales; no la moral o las posiciones personales”.
Se propone en el documento que en el debate se debe discutir el modelo de política pública que mejor atienda a esta realidad y reconocerse el fallo de la SCJN, pues se debe dialogar sobre las formas y la dirección de la regulación.
Bajo estos argumentos consideran que “si todos los participantes estamos claros acerca de lo que está a debate —la política de drogas— y lo que no es materia del mismo —los derechos fundamentales y su tutela—, será posible construir puntos de entendimiento comunes y alcanzar acuerdos”. Confían que el Ejecutivo federal estará abierto a participar con los actores que deliberan desde hace tiempo, puesto que hoy se requieren resultados concretos.
Se unen en la demanda
Un grupo de 72 intelectuales, entre los que están Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda Gutman, Fernando Gómez Mont, María Elena Morera, Juan Villoro, José Woldenberg, María Amparo Casar, Jacqueline Peschard, Ricardo Raphael y Vidal Llerenas exigen un debate sobre la legalización de la droga.
En la misiva enviada al gobierno federal también destacan las organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia; Colectivo por Una Política Integral hacia las Drogas, la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, así como la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis AC.
