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El ministro Javier Laynez Potisek fungió como Procurador Fiscal de la Federación entre febrero de 2008 y abril de 2015, cargo que le generó el mayor número de críticas durante el proceso que lo llevó al máximo tribunal del país.
Abogados fiscalistas y litigantes le reprochan que haya construido su carrera jurídica como abogado del gobierno, ya que antes de llegar al Pleno de la Corte trabajó dos años como subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) y como jurista proyectista en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, muy al inicio de su trayectoria.
Sus años de experiencia en el servicio público los ha acumulado con gobiernos del PRI y del PAN, cuyas fracciones parlamentarias le dieron su respaldo para que fuera elegido ministro de la Corte. Su último cargo en la administración pública fue como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal.
Durante sus comparecencias ante la Cámara de Senadores dijo que será un ministro garantista y protector a favor de los derechos humanos, pero en materia fiscal defendió la constitucionalidad de los impuestos especiales a bebidas endulzantes, puesto que el Estado tiene facultades recaudatorias.
Cuestionado sobre los derechos de la mujer, reconoce que ese tema tendrá que discutirse a fondo en el pleno de la Suprema Corte de Justicia, debido que, a su juicio, no se ha abordado con la profundidad que se merecen los derechos reproductivos de la mujer ni tampoco el derecho a la vida.
Se convierte en el segundo ministro que proviene de las áreas jurídicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues viene de la Procuraduría Fiscal, mientras que el ministro Alberto Gutiérrez Ortiz Mena fue director del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Cuando fungía como procurador fiscal armó los casos de defraudación fiscal y lavado de dinero, que en la actualidad tienen bajo proceso penal a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo.
