Más Información
juan.arvizu@eluniversal.com.mx
Calificar como delincuencia organizada los actos de corrupción en el servicio público, propuso el senador Luis Humberto Fernández, y explicó que al considerarse delito grave, la persecución de esta práctica podrá ser efectiva.
Señaló que la corrupción es un acto de crimen organizado, como lo muestran las redes de colusión en el servicio púbico para cometer actos de beneficio propio en perjuicio de la sociedad.
El legislador dijo que debe castigarse a los corruptos, sólo por el delito de delincuencia organizada, con cárcel de 10 a 15 años y multa de 150 a 450 días.
Destacó que el Estado ha sido vulnerado por ese ilícito; de hecho, dijo, México está enfermo de corrupción e impunidad, elementos omnipresentes en la vida cotidiana, desde el otorgamiento de servicios básicos a una familia de bajos recursos, hasta el otorgamiento de contratos multimillonarios.
México vive entre redes que lo han colocado como el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos más corrupto.
El legislador perredista, quien es secretario de la Mesa Directiva del Senado, dijo que es común observar la falta de ejecución del marco legal para sancionar la corrupción: entre 2000 y 2013 se exhibieron 71 casos de 41 gobernadores; fueron investigados 16 y sólo cuatro procesados y detenidos.
Citando datos del Inegi, Fernández dijo que de 7.4 millones de actos de corrupción que se registran en México, sólo se sanciona a 12 mil funcionarios, de los cuales 140 llegan a prisión.
En la actualidad, esta práctica es castigada con un marco legal sujeto a diversas interpretaciones y con sanciones no muy claras. Para fortalecer su combate, el legislador propone reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en las que se señalan las penas que se deben aplicar:
Por actuar en asociación o banda, al corrupto se le destituye de su empleo, cargo o comisión, y puede ser sujeto de prisión de 10 a 15 años y multas de 150 a 450 días, y se le inhabilitará de tres años y hasta en forma permanente para desempeñar cargos públicos.
Para un militar, su pena aumentará en una mitad, se le dará de baja definitiva de las Fuerzas Armadas y se le inhabilitará de cinco años o hasta de forma permanente para ocupar cargo o comisión en el servicio público.
“Estas medidas darán mayor potencia a las instituciones de combate a la corrupción y constituirán un desincentivo importante para la comisión de este tipo de delitos”, afirmó el senador Fernández Fuentes.
