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El presidente Enrique Peña Nieto aclaró que el gobierno de la República respeta y acata las definiciones que tenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al uso lúdico de la marihuana. Dijo que esta decisión del Poder Judicial abre un debate amplio para, eventualmente, regular el consumo, inhibirlo y establecer políticas públicas para que haya claridad entre la población de los efectos nocivos de su consumo.
Para el mandatario se mantendrá la tarea de ubicación y destrucción de plantíos de marihuana, así como de decomisos, pues el fallo de la Corte “de ninguna manera implica una eliminación de esta política que el gobierno de la República ha mantenido”.
Por la noche, en conferencia de prensa, el Consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, ratificaron que quien produzca marihuana estará cometiendo un delito. “No se legaliza”, aclararon tajantes.
Antes, entrevistado en el Hangar Presidencial, Peña Nieto señaló que este fallo no significa que se dé lugar a la comercialización, al consumo y a la legalización de la marihuana. “Quiero dejar muy claro que esto, a final de cuentas, nos lleva a abrir un debate, a que como Estado mexicano evidentemente tengamos una posición precisa, clara, puntual y objetiva de cuáles serán las medidas que debemos de seguir y qué debemos de hacer frente al eventual consumo de la marihuana. No debe implicar esto generar una confusión, que esto involucre el consumo de otras sustancias tóxicas y nocivas para la salud de la población”, asentó.
“Queda también claro que este pronunciamiento abre un espacio de amplio debate sobre la marihuana y no es nuevo, yo mismo me he pronunciado sobre el tema, me he manifestado por la necesidad de abrir un debate amplio sobre este asunto”.
Castillejos y Sánchez explicaron que “la siembra para comercialización sigue prohibido, el suministro sigue prohibido, la comercialización sigue prohibida y cada una de estas accione siguen estando en la ley como delitos y por tanto es obligación del gobierno de la República acatar la ley y continuar con los operativos”.
Detallaron que es un fallo que no sienta jurisprudencia y que el Ejecutivo tendrá 24 horas después de ser notificado para emitir algún pronunciamiento sobre las cantidades.
