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Los dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben contar con un perfil progresista y ser innovadores en la interpretación de las leyes, pues de lo contrario existe el riesgo de que se pierda el equilibrio en el interior del alto tribunal y que esto incida en sus fallos, coincidieron siete expertos en un foro convocado por EL UNIVERSAL para analizar el proceso de sucesión que inició ayer en ese órgano constitucional.
Los especialistas en Derecho y Ciencia Política advirtieron que en la elección de los jueces constitucionales que sustituirán a los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza también se debe privilegiar la igualdad de género, por lo que una o las dos vacantes en la Suprema Corte deberán ser ocupadas por una ministra que se ajuste al perfil progresista de los ministros salientes.
Los participantes en el foro destacaron que la designación del ministro Eduardo Medina Mora —elegido en marzo pasado— fue un parteaguas y sentó un precedente para que el Ejecutivo federal y el Senado de la República transparenten todo el proceso, desde la integración de las ternas hasta la deliberación y designación de los ministros, en aras de consolidar la democracia y garantizar el rumbo que tendrá la Corte en los próximos 10 o 15 años.
El experto del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Saúl López Noriega; el constitucionalista de la UNAM, Jorge Islas López; el director del Centro por un Recurso Efectivo, Carlos Pérez Vázquez; la magistrada del Tribunal Superior Agrario, Maribel Méndez Lara; la politóloga de la UNAM, Claudia Ortega, y José Mario de la Garza Marroquín, primer vicepresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., debatieron sobre el tema.
Perfil del juzgador
Saúl López Noriega advirtió que, si bien es cierto que las reformas constitucionales en materia de derechos humanos vigentes desde 2011 convirtieron a la Carta Magna en una de corte progresista, también se debe tomar en cuenta que el papel de los ministros es interpretar el contenido de la misma, ya que el lenguaje es el que se usa para construir los fallos y sentencias de un tribunal constitucional.
Dijo que en el caso del Poder Legislativo el cambio de dos diputados no es grave, ya que su impacto en una votación es menor, mientras que en el caso de la SCJN dos votos sí pueden modificar el equilibrio interno del máximo tribunal, tanto en el pleno como en las salas, las cuales se encargan de resolver al año centenas de amparos relacionados con los derechos de las personas.
Destacó que aun cuando parezca esquemático referirse a ministros conservadores y liberales, en la resolución de asuntos relevantes sí hay dos bloques de ministros que interpretan la Constitución de manera “diametralmente opuesta”, por lo que en una cancha con 11 jugadores el perfil de los ministros que deberán sustituir a Silva Meza y Sánchez Cordero definirá el futuro de la Corte en los próximos 10 o 15 años.
“No hay que olvidar que es un juego de 11 jugadores; al salir dos ministros cambia la configuración de la Corte, las alianzas, los bloques de voto, cambia mucho ese juego; no es un juego de 500 diputados, donde dos no hacen mucha diferencia: aquí dos jugadores sí pueden cambiar el juego. En aras de mantener el equilibrio, si los dos ministros que se van son reformadores y son progresistas, entonces los que llegan tendrían que ser del mismo perfil”, puntualizó.
El académico Jorge Islas López explicó que en todas las cortes constitucionales con una larga tradición democrática existen dos bloques de jueces, los cuales ayudan a construir fallos con puntos de vista diferentes, por lo que el riesgo de sustituir a dos ministros liberales con perfiles más conservadores conllevaría a que se emitan sentencias con una sola visión del asunto a analizar.
“Yo sí veo un riesgo porque estamos hablando de que salen dos ministros identificados como liberales por las votaciones que han emitido, por lo que en ánimo de conservar ese equilibrio es necesario que sean sustituidos por alguien de perfil similar. Una Corte con una visión hegemónica y con una visión única sobre determinados temas no ayuda, porque la interpretación de la ley donde se ve una sola visión de los temas aislaría posibilidades para fortalecer los derechos sustantivos de las personas y otros temas en los que se ha venido trabajando desde 2011”, dijo.
El experto Carlos Pérez Vázquez consideró que la solidez de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos dificultan una lectura regresiva de la Constitución, por lo que es “ocioso” pensar en que habrá una discusión sobre ministros conservadores y progresistas.
A su vez, la magistrada Maribel Méndez Lara añadió que “sobre el tema de conservadores y garantistas, considero que hay poco riesgo de retroceder porque hay una mirada internacional de cómo evolucionamos”. Comentó que este proceso da una oportunidad al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de hacer un proceso diferente, y para las mujeres representa una oportunidad de estar en igualdad de condiciones, no de ingresar por cuotas; “se requieren ministros renovadores o progresistas”, añadió.
La politóloga Claudia Ortega destacó que ahora la sociedad civil está más dispuesta a influir en el proceso de renovación de la SCJN. “Para las vacantes de la Corte yo desearía que fueran propuestas de mujeres, que sea una persona de carrera judicial y otro externa al Poder Judicial, para que se mantenga el equilibrio, pero obviamente ambos renovadores y progresistas”, destacó.
López Noriega añadió que a lo largo de la evolución del máximo tribunal hay avances muy relevantes en materia de transparencia y los derechos fundamentales; sin embargo, enfatizó que hay “ciertos vicios” que arrastra.
“Hay muchas cosas que están en juego. Hay dos bandos: uno tradicional y otro sistemático y creativo en la forma de resolver los casos, y el perfil idóneo es ese”, comentó luego de no descartar un candidato sin carrera en el Poder Judicial, ya que al ser externo ve los defectos que se pueden arrastrar relacionados al nepotismo y el tráfico de influencias.
La magistrada Méndez mencionó que la Suprema Corte, a partir de las reformas constitucionales de 2008 en materia penal y 2011 en materia de derechos humanos y la nueva ley de amparo, “está viviendo un momento trascendental para el país”.
Sostuvo que el perfil que se requiere de los nuevos ministros se basa en tres aspectos fundamentales: la independencia e imparcialidad, libre de toda influencia externa; un perfil profesional con conocimientos en el sistema universal y regional en materia de derechos humanos y que sea de carrera judicial, preferentemente.
“Uno de los temas que también ocupan el debate es garantizar una presencia equitativa entre hombres y mujeres. El Estado de derecho es lo que da solidez y propicia las bases para el desarrollo”, aseveró.
Sobre el perfil de los ministros, la especialista Claudia Ortega coincidió en que deben tener amplio conocimiento y sensibilidad en materia de derechos humanos, pero sobre todo contar con reconocimiento por parte de la sociedad.
“No debe ser un político ni ex funcionario; los ministros deben ser juristas que conozcan la problemática de la sociedad a la que se van a enfrentar. El perfil de los nuevos ministros deberá ser con base en la equidad de género, buscar ministras para que se equilibre el máximo tribunal. Es la oportunidad tanto del Ejecutivo como del Senado de llevar procedimientos transparentes en el que den participación a la sociedad, a las barras de abogados en las propuestas de quiénes deben ocupar los cargos”, expuso.
El abogado Pérez Vázquez dijo que, sin quitarle su importancia al tema de equidad de género, lo que ahora importa es que los que estén en las ternas sean juristas que entiendan el reto que enfrenta la SCJN para los próximos 15 años. “En cualquier país democrático el tribunal constitucional es el gran catalizador en la consolidación y la insignia del sistema jurisdiccional. La renovación es particularmente importante porque pondrá a prueba si el avance de los principios que orientan a la décima época van a seguir a un ritmo más acelerado, lento o incluso una regresión”, sostuvo.
Destacó que los nuevos ministros tendrán que estar abiertos a la renovación institucional y entender que la novena época se terminó “a golpe de cambios constitucionales, que son el reflejo de las exigencias sociales”.
Jorge Islas comentó que la Suprema Corte vive un momento importante y de gran trascendencia para el país. En el alto tribunal “debe estar reflejada la pluralidad, así como el mosaico de lo que piensa y demanda la sociedad”.
Adriana Ortiz puntualizó que dos mujeres deben llegar a la Suprema Corte de Justicia para transitar en una democracia en la que los derechos humanos son importantes.
“La sociedad está buscando realmente saber si habrá la promesa de democracia; en ese contexto, el tema de los derechos humanos y la legalidad son temas centrales del debate social. El Estado mexicano, la Suprema Corte y las instituciones están en deuda con las mujeres; al derecho no sólo a votar, sino a ser votadas”, dijo.
La experta en el tema señaló que hay una deuda histórica para con las mujeres en México, por lo que propuso que las dos ternas estén conformadas por mujeres; de lo contrario, las instituciones no van a poder avanzar si tienen una idea de democracia que es ajena a estos temas sustantivos de los derechos humanos.
José Mario de la Garza expuso que “a partir de reflexionar qué tipo de Corte requiere el país podemos definir los perfiles de los ministros. El debate está centrado en hablar de personas y atributos; lo que está faltando es saber qué rol queremos asignarle a la Suprema Corte y a partir de ahí entonces ver qué perfil requieren los nuevos ministros”, explicó.
El abogado puntualizó que el mayor reto es que los mexicanos tengan verdaderamente acceso a la justicia y la Corte debe asumir su liderazgo para resolver temas como la impunidad y el acceso a la justicia.
Equidad
Diversos sectores y mujeres integrantes del Poder Judicial de la Federación se han pronunciado porque el presidente Enrique Peña Nieto presente a mujeres en la terna para ministras.
José Mario de la Garza se manifestó en favor de que tengan la misma oportunidad para ocupar cargos; sin embargo, aclaró que en el alto tribunal no se puede establecer una cuota como se hace en el Congreso de la Unión. “Suscribo la necesidad de que mujeres la integren (la Corte), pero establecer un número fijo de mujeres no, porque no es una institución que representa a la sociedad, como el Congreso”.
Adriana Ortiz defendió el tema de la igualdad de género y fue directa. “Hay que entender que las sociedades han sido masculinas, estoy segura que si la mayoría de los señores vieran que nosotras manejamos la sociedad, estoy segura que su punto de vista respecto a las cuotas cambiaría. Lo que pasa es que como somos mujeres colocando mujeres parecemos excesivas y desmedidas, entonces se nos invita a la cordura y la aceptación del orden establecido, como una medida de inteligencia, pero ya estamos en la sociedad de la igualdad”, dijo.
El académico Jorge Islas apoyó la idea de que en las ternas sean mujeres las que busquen llegar a ocupar las dos vacantes en el máximo tribunal; lo importante, dijo, es que sean personas que reflejen el mosaico de la diversidad que hay en en el país.
La magistrada Méndez defendió que en México hay mujeres altamente calificadas que podrían estar en las ternas y fuesen propuestas por el Presidente de la República.
“Sería una oportunidad para el Presidente y el Senado de elegir; reitero: no sería un tema de cuotas, sino competir en igualdad de circunstancias con los hombres. Creo que mujeres juzgadoras pueden contribuir a emitir sentencias más equitativas y menos patriarcales”, enfatizó.
Transparencia
Uno de los puntos medulares en el proceso para elegir a los nuevos ministros de la Suprema Corte es la transparencia de todo el proceso, advirtieron los especialistas.
Para Jorge Islas, pese a que el artículo 96 de la Constitución faculta al Senado para aprobar las ternas, el proceso se puede abrir a la sociedad civil respetando dicho mandato, por lo que propone generar espacios de deliberación en los que puedan participar “barras de abogados, asociaciones, facultades de leyes e institutos especializados, con el fin de debatir los perfiles de los aspirantes.
“Transparentar el procedimiento implica que se haga desde el primer momento, desde la formalidad del mecanismo de propuesta hasta la deliberación y hasta la designación final que tiene a su cargo el Senado. Se puede difundir la discusión por televisión, pero también se debe transparentar el dictamen que funde y que motive por qué se elige a determinada persona y no a los otros aspirantes. Eso abonaría mucho a darle más confianza, más seguridad, más legitimidad y contundencia a la designación”, dijo.
De la Garza consideró que la transparencia del proceso debe incluir la obligación de los aspirantes a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de conflictos de intereses y declaraciones fiscales, conocida como declaraciones “3 de 3”, con el propósito de que los senadores y los propios ciudadanos tengan más elementos para emitir juicios sobre la idoneidad de sus perfiles.
Destacó que en las comparecencias ante el Senado de la República también se debería permitir la interlocución de la sociedad civil, aunque sólo los legisladores puedan votar.
Pérez Vázquez calificó como positiva la intervención de los medios de comunicación en este debate, ya que los periodistas y reporteros pueden preguntar de manera abierta a los aspirantes sobre su intención de llegar a la Suprema Corte con el propósito de hacer un escrutinio de sus carreras en el ámbito académico y judicial.
La magistrada Méndez Lara consideró que para evitar la politización en la designación de los ministros de la Corte se requiere fijar criterios objetivos para definir la honorabilidad y reputación de una persona, requisitos que se exigen en el artículo 96 de la Carta Magna para llegar al máximo tribunal.
Desafíos
Los expertos opinaron también sobre temas como la politización de los espacios en la SCJN y si la independencia del Poder Judicial pudiera estar en riesgo.
Jorge Islas expuso que “sí es atípico ver que se nombre a personas que pertenecen en activo a partidos políticos, pero en el Congreso se va a tener que llegar a un acuerdo. No me preocupa la politización porque es parte del proceso, la preocupación sería que se partidizara. Hay pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Senado y siempre estarán las tentaciones y los riesgos hasta en tanto no tengamos consolidado un mecanismo que nos genere una nueva percepción de que los integrantes tienen que tener algunas cualidades y características”, indicó.
Saúl López Noriega explicó que no hay procedimiento de designación que blinde de una partidización; sin embargo, a las fuerzas políticas no les conviene eso, ya que cuando dejan los cargos o el poder lo que necesitan es una Corte que sea un árbitro serio y respetable.
“Si las fuerzas políticas deciden empezar a repartir por cuotas y asumir el costo que eso implica ante la opinión pública, lo harán; ¿qué se puede hacer en el camino?: elevar el costo. A mediano y largo plazos lo que les conviene a los gobernantes es que cuando dejen el cargo es que el árbitro sea serio. Si partidizan a la Suprema Corte van minando a alguien legitimado y serio”.
En cuanto a la burocracia judicial, Maribel Méndez indicó que se deben buscar equilibrios y estar abiertos siempre a la innovación, porque el reclamo de hoy en la sociedad es el acceso a la justicia.
En su oportunidad, Claudia Ortega mencionó que no existen riesgos para la Corte si se partidiza la terna, pero el anhelo de todos los cuerpos judiciales del mundo es la independencia de ese poder.
“Lo que debemos buscar es un equilibrio y la tan deseada independencia de la Corte. La burocratización existe en todas las instituciones y hay que evitarla”, señaló.
Carlos Pérez Vázquez recordó que la designación de los ministros es un proceso político; “entonces, no hay que espantarse por el hecho de que llegue al Congreso; es un proceso formal y como tal se ajusta a la Constitución, y por eso no pueden cometerse arbitrariedades”.
jram
