El Senado de la República analiza una reforma en la cual se establecen hasta nueve años de cárcel e inhabilitación a cualquier servidor público, incluidos legisladores, que incumplan sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La iniciativa fue presentada por el senador Arturo Zamora Jiménez (PRI), quien señala que en materia de responsabilidades de los servidores públicos, existe un vacío que deriva en excesos impidiendo la materialización de la justicia.
“Particularmente al momento en que una autoridad omite o se rehúsa a cumplimentar un mandato judicial en tiempo y forma, atentando contra el Estado de derecho y las instituciones”, destacó.
El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado propuso en su iniciativa que a quien cometa el delito de abuso de autoridad, al no acatar una resolución de tribunales federales, se le impondrán de dos a nueve años de prisión, de 70 hasta 400 días de multa y su destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro cargo público.
La reforma obliga a los servidores públicos a cumplir las resoluciones de los tribunales federales, conforme lo establece la Constitución.