El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, afirmó que están dadas las condiciones para aprobar la reforma política para el Distrito Federal, con la cual, la Ciudad de México se convertiría en el estado 32 de la República, con autonomía de gobierno y gestión, además de contar con su propia Constitución Política.
Aseguró que a unas semanas de que concluya el periodo ordinario -el próximo 15 de diciembre-, hay voluntad del gobierno federal, así como de todas las fuerzas representadas en el Poder Legislativo, para respaldar la iniciativa impulsada por el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.
Zambrano Grijalva sostuvo que el desahogo de la reforma, forma parte de los recientes acuerdos establecidos con esa soberanía, y es uno de los principales temas pendientes de la agenda del Congreso de la Unión en el marco de las reformas constitucionales pactadas en 2013.
Enfatizó la importancia de darle curso antes de que finalice el actual periodo ordinario de sesiones para dar margen a que las autoridades locales hagan lo correspondiente en lo que toca a la conformación de la Asamblea Constituyente que establezca la primera Constitución de la Ciudad de México, pues recordó que ello implica plazos definidos.
Recordó que la reforma señala que para tener una Asamblea Constituyente, deberá estar integrada en proporción mayoritaria mediante el voto, el primer domingo de junio de 2016 y se instalará el 15 de septiembre del mismo año; mientras que la fecha para tener su primera Constitución Política es a más tardar el 31 de enero de 2017, de acuerdo con el dictamen enviado por el Senado.
La minuta que se encuentra en la Cámara Baja desde el pasado 29 de abril, pretende cambiar el nombre Distrito Federal a Ciudad de México y se mantiene como capital del país; eliminar la figura jurídica de “Delegaciones políticas” por “Demarcaciones territoriales” que serán encabezadas por un alcalde y contarán con un cabildo; desaparecer la Asamblea Legislativa para dar paso a un Congreso local que poseerá facultades de aprobar o rechazar reformas constitucionales, como ocurre actualmente con el resto de los congresos estatales, entre otros.
afcl
