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El director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, señaló que en México el gobierno invierte sólo cinco centavos de cada 10 mil pesos de su gasto para combatir la corrupción, mientras que Hong Kong destina alrededor de 120 pesos y Singapur 60 pesos, “por lo que la diferencia se refleja en la eficacia de los sistemas para erradicarla”.

En el Senado, Pardinas señaló que en los entornos en los que se registra este problema existen leyes vagas, heterogéneas y con lagunas, además de que el castigo carece de fuerza para frenar estas conductas cuyo costo equivale a más de 2% del PIB, e incluso llega a ser más grande que el crecimiento económico del país.

“En general, en México se destinan 26 millones de pesos a la lucha contra la corrupción, en tanto que Hong Kong invierte para combatirla 2 mil millones de pesos y Singapur 400 millones de pesos; esto significa que el Ejecutivo federal gasta más en garrafones de agua, galletas y café”, explicó.

Agregó que la impunidad es un enorme incentivo para que la corrupción continúe en México.

Por su parte, el senador Mario Delgado Carrillo (PRD) sostuvo que las reformas estructurales están en riesgo si no se combaten a fondo las conductas nocivas que se expresan en 200 millones de pequeños actos.

Pardinas señaló que la impunidad tiene amplios márgenes en México, pues de 41 escándalos se investigaron 16 casos, de los que sólo cuatro fueron consignados. En contraste, en Estados Unidos, de nueve casos que se presentaron en los medios de comunicación, todos fueron consignados a la autoridad.

“El marco regulatorio es un incentivo a la corrupción, los delitos están mal tipificados, los castigos son desiguales y débiles. En 25 estados se puede salir bajo fianza por enriquecimiento ilícito y en 15 entidades este delito se castiga sólo con tres años”, destacó.

Propuso al Senado que se legisle para perseguir redes de corrupción, no a individuos, dado que estos delitos ocurren con mecanismos de protección, por lo que hay que atacar a sistemas, no a las personas.

“En las estructuras gubernamentales atacar a la corrupción es una meta irrelevante, como lo demuestra que en la Procuraduría General de la República (PGR) sólo 12 personas laboran en la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia”, dijo.

Pardinas sostuvo que para el Estado el tema es irrelevante. Más allá de quién nos gobierne, qué partido, quienes han llegado al poder no han tenido el menor interés de construir instituciones que verdaderamente funcionen para atacar la corrupción.

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