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Ante el pleno del Senado de la República, los aspirantes para sustituir a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) centraron sus exposiciones en la relevancia de los derechos humanos en las decisiones del máximo tribunal, la protección de la justicia para niños, adolescentes y mujeres, así como los retos del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
En una exposición de 20 minutos por cada candidato, los postulantes a ocupar los cargos de los ministros salientes Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza dijeron en la tribuna de la Cámara Alta que no tienen conflicto de interés para ocupar ese cargo y destacaron su trayectoria profesional y académica ante los legisladores.
El lunes de la próxima semana comenzarán en comisiones del Senado las comparecencias de los seis aspirantes a la Suprema Corte de Justicia.
Surge caso Tlatlaya. Sólo el procurador del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, sin que mediara pregunta de por medio de acuerdo al formato probado por los senadores, explicó su actuación en el caso Tlatlaya, donde presuntamente militares ejecutaron a 22 personas.
El funcionario precisó que la Procuraduría a su cargo actuó conforme a derecho y que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fueron presumiblemente elementos del Ejército quienes “alteraron” la escena del crimen.
Al arrancar las comparecencias, la magistrada Sara Patricia Orea Ochoa planteó que los ministros de la Corte deben tener un mayor diálogo con la sociedad y con los poderes locales, porque mientras no lo haya, no habrá justicia.
“Los juzgadores tenemos que indignarnos ante la injusticia, porque aquellos que no tengan composición de los justiciables, víctimas y victimarios, no sirven para ser juzgadores porque no velan por los derechos humanos”, expresó Orea Ochoa.
Señaló que los jueces o ministros deben garantizar el derecho de todas las personas, para de esa manera hacer realidad el derecho a la igualdad como un mandato constitucional dirigido a los impartidores de justicia.
La magistrada Norma Lucía Piña Hernández aseguró que la tarea de un ministro o juez debe estar inspirada en la imparcialidad y no sesgada hacia ninguna parte: “Vivimos en la edad de los derechos y al juez le ha sido confiada la protección de esos derechos, el ministro, juez, debe contribuir a garantizar los derechos de las personas, todos los derechos y de todas las personas. La verdadera tarea es proteger la democracia”, aseguró.
Expresó que la tarea de un ministro es contribuir a eliminar las posibles lagunas que se presenten entre las necesidades de la sociedad y el derecho, sin permitir que el sistema jurídico sea rebasado.
Mencionó que la protección de los grupos vulnerables y los derechos de los niños, niñas y adolescentes merece la máxima tutela, por ello, los ministros o ministras de la Suprema Corte marcan el rumbo que “todos jueces del país debemos seguir”.
En su turno, la magistrada Verónica Judith Sánchez Valles hizo un llamado para fortalecer la justicia, a fin de que los derechos humanos puedan ser tangibles para toda la población.
Dijo que a la SCJN le corresponde fijar los criterios para que los tres órdenes de gobierno y las autoridades de todos los niveles actúen en pleno respeto de esos derechos de las personas.
Como magistrada de Distrito en Materia Administrativa destacó que ha buscado ejercer su encargo constitucional bajo los criterios de excelencia, imparcialidad, profesionalismo, objetividad e independencia.
Expuso que el nuevo Sistema Penal Acusatorio constituye la más grande esperanza de los mexicanos para darle legitimidad a sus jueces y una de las preocupaciones de los poderes públicos del Estado.
El doctor Álvaro Castro Estrada se declaró como un “firme combatiente de la corrupción” para impedir el cáncer de la inseguridad. En este sentido, declaró que no tiene ningún conflicto de interés.
Indicó que en materia de derechos humanos “se debe hablar más fuerte y claro” en tribunas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “Los jueces deben ser sensibles para ser capaces de descubrir los valores aceptados de una comunidad política”, dijo.
Además de garantizar que la seguridad jurídica es premisa fundamental, expresó Castro Estrada.
Sin obstáculo: Laynez. El magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Javier Laynez Potisek, aseguró que nada lo inhabilita como candidato a ministro por haber hecho su carrera en las instituciones del Estado y pidió a los senadores que revisen sus acciones como servidor público para que sean tomados en cuenta en su decisión.
Explicó que existen nuevos retos a las reformas constitucionales, en los cuales la Suprema Corte tendrá un papel realmente relevante sobre la reforma en derechos humanos y la Ley de Amparo que modificaron el paradigma de actuación y control de los órganos del Estado mexicano.
Siguen comparecencias. El presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes (PAN), y las secretarias de la misma, Angélica de la Peña (PRD) e Ivonne Álvarez (PRI) sortearon los turnos en los cuales los integrantes de las ternas comparecerán la próxima semana ante ese órgano legislativo.
La magistrada Sara Patricia Orea Ochoa será la primer aspirante en comparecer el próximo lunes 30 de noviembre; el 1 de diciembre lo hará la magistrada Norma Lucía Piña Hernández; el miércoles 2 de diciembre a las 9:00 horas acudirá el procurador Alejandro Jaime Gómez Sánchez, y a las 16:00 horas Álvaro Castro Estrada.
El 3 de diciembre tocará a Verónica Judith Sánchez Valles, y el 4 de diciembre al magistrado Javier Laynez.
