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Académicos y organizaciones civiles en materia de acceso a la justicia y derechos humanos hicieron un llamado urgente al Senado de la República para que no aprueben en fast track a los dos ministros que se integrarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir del próximo 1 de diciembre, en sustitución de Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, quienes concluyen su encargo en el máximo tribunal del país.
En conferencia de prensa conjunta, la senadora de la República, Layda Sansores; la presidenta de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Ana Lorena Delgadillo; el director del observatorio judicial Borde Jurídico, Iván Gárate; y el titular del Centro Agustín Pro de Derechos Humanos, Mario Patrón, advirtieron que el proceso se ha llevado hasta el día de hoy con opacidad, discrecionalidad y falta de justificación por parte del presidente Enrique Peña Nieto y del propio Senado.
Para Layda Sansores la posibilidad de que los ministros sean aprobados en una sesión fast track se deriva de la decisión de la Junta de Coordinación Política del Senado de eliminar las comparecencias de los seis aspirantes a ministros ante la Comisión de Justicia de ese órgano legislativo .
Sansores Negrete agregó que esta modificación excluye a la sociedad civil y a las organizaciones defensoras de derechos humanos de cualquier posibilidad de intervenir en el debate y en la evaluación de los aspirantes a ministros, pese a que ya existía un acuerdo con el senador Fernando Yunes Márquez (PAN) y la senadora Angélica de la Peña (PRD), para que los académicos envíen sus preguntas a los integrantes de las ternas.
Cuestionado sobre la inclusión del ex Procurador del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, como candidato a ministro de la Suprema Corte, el titular del Centro Pro, Mario Patrón, advirtió que ninguna persona cuestionada por su responsabilidad en casos que violen derechos humanos, como sería el caso Tlatlaya, debe llegar a ocupar una curul en el máximo tribunal constitucional.
