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La resolución de la primera sala de la SCJN ha reavivado una polémica presente en la vida pública por lo menos desde el siglo pasado: la legalización de la marihuana. Una vez más, la discusión ocurre en un marco carente tanto de información precisa y actualizada como de un lenguaje común.
El ingrediente nuevo y fundamental en el presente es la decisión de la SCJN de conceder amparo a cuatro personas para el consumo lúdico de marihuana. A nadie escapa la trascendencia de la medida, asumida desde el plano de la libertad individual. Es obvio que habrá más amparos y que el tema tendrá mayor relevancia.
Es ineludible un debate serio, científico —tanto en el terreno clínico como en el ámbito de las ciencias sociales—, sin prejuicios. La prospectiva nos obliga, sin duda, a abandonar las posiciones sentimentales y las etiquetas de uso fácil. Tenemos que hacer a un lado visiones simplistas, como la de creer que la legalización reducirá automáticamente la violencia: la marihuana no es el único artículo que vende el crimen organizado.
Convendría empezar por ponernos de acuerdo en un marco de referencia indispensable y en el lenguaje que vamos a utilizar para que podamos entendernos. Por ejemplo, se habla de legalización como si no hubiera ocurrido una reforma legal en 2009 que despenalizó la posesión de hasta cinco gramos de marihuana. ¿Acaso se trata de que sólo la puedan llevar de un lado a otro pero no consumirla?
La decisión de la SCJN nos obliga a desterrar las hipocresías. El consumo de hasta cinco gramos está regulado, pero la producción y la venta están en manos del crimen organizado. Es un tema que debe analizarse desde muchos ángulos. Si bien desde la perspectiva de la libertad individual ya se cuenta con un precedente, aún falta preservar dos valores fundamentales que son la salud pública y la paz.
Aunque ciertas voces privilegian la visión de que estamos ante un conflicto entre liberales y prohibicionistas, no debemos quedarnos en la superficie de las etiquetas ideológicas. Insisto: hay dos valores en juego, por un lado, hay un problema de salud pública cuando una sustancia es adictiva y, por otro, un problema de violencia y de lavado de dinero cuando hay prohibición.
Por eso requerimos un debate informado. Tenemos que contrastar las creencias con las evidencias. Por ejemplo, hay quienes creen que la marihuana causa menos daño que el alcohol y el tabaco, pero no exhiben evidencia científica que lo pruebe. Por el contrario, los opositores a la legalización sostienen que crea dependencia. ¿Dónde están los estudios clínicos que lo demuestran? Y, además, ¿cuántos de quienes la prueban se vuelven dependientes? Debemos dejar atrás las creencias y basarnos en evidencias científicas.
No bastan los testimonios de aquellos que la probaron y les gustó. Tenemos la responsabilidad de pensar en los niños, en los jóvenes, en el 94% de la población que no ha probado nunca la marihuana. Por ello, debemos preguntarnos: ¿Cuál fue la muestra de la encuesta que nos dice que el 3% de los niños de quinto y sexto año de primaria han probado marihuana? El gobierno tiene la obligación de aportar las estadísticas actualizadas y dimensionadas para que se pueda realizar un debate serio e informado.
Acción Nacional está a favor del debate. Primero el debate y después la legislación. Por lo pronto, nos estamos allegando información de distintas fuentes en materia de salud, seguridad, educación y derechos para fijar una posición informada y responsable.
*Coordinador parlamentario del PAN en el Senado
