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Con las acciones de gobierno abierto México se ha incorporado a lo que llaman “la nueva frontera de la democracia”, que significa que de facto la gestión pública sea proactivamente transparente y no se requieran más solicitudes de transparencia para conocer desde la eficiencia presupuestal acciones sobre la justicia cotidiana, de prevención o alertamiento ante situaciones de riesgo y actos para preservar los derechos humanos.
Para Alejandra Lagunes, coordinadora de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, “el gobierno abierto es una herramienta para el combate a la corrupción” y la actual administración está enfocada a que “cada vez menos ciudadanos tengan que estar en contacto con diferentes ventanillas donde haya posibilidad de que sean sujetos de corrupción”.
Al concluir la presidencia de México en la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, a la que asistieron más de 3 mil 500 personas de 100 países de los cinco continentes, Alejandra Lagunes recibe a EL UNIVERSAL en un salón del Palacio de Minería, sede de los trabajos.
Expone que una de las primeras acciones que se consolidaron en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue la de establecer un andamiaje jurídico en materia de transparencia y combate a la corrupción.
Reconoce que en esa ruta de la apertura de datos del gobierno “hay muchas resistencias”, pero también actores que apuestan a la transparencia.
Considera que el Congreso va a tener que acelerar el proceso de las leyes secundarias, más por una demanda de la sociedad. “Que pase lo más rápido posible”, dice.
¿Cuál es el balance de la Cumbre?
—El balance, en términos cuantitativos, es un éxito. Recibimos a más de 3 mil 500 personas, más de 100 países vinieron a México. Tuvimos más de 132 paneles donde el contenido fue realmente enriquecedor para la conversación de qué debe estar haciendo un gobierno, cuál es el rol de la sociedad civil, cuáles son los grandes temas que vienen para ser discutidos.
¿Cómo le va a México desde 2011, cuando inició la Alianza?
En 2011 empieza la Alianza para el Gobierno Abierto en ocho países, entre ellos México. Cuando entramos a la administración el tema no estaba en muy alto nivel; incluso, el primer plan de acción de México no se había cumplido en su totalidad y el presidente (Enrique) Peña Nieto lo que pidió fue que el tema estuviera abierto a nivel presidencia, que no es nada más digital, tiene un fuerte componente de innovación y tecnología.
La situación actual es que los gobiernos asumen una responsabilidad de ser más transparentes, de rendir mejores cuentas, de integrar a los ciudadanos y su opinión en el quehacer político y en utilizar la innovación.
Estos elementos se reflejan en compromisos con la sociedad civil, con el Inai, que estuvo participando, y llegamos a 26 compromisos: un listado de cosas que el gobierno va a hacer y que tienen un impacto directo en la sociedad y en la transformación del gobierno. Hoy entregamos la presidencia de Gobierno Abierto y estamos satisfechos porque cumplimos al 100% los compromisos.
México es el primer país que cumple, pero lo más importante es este cambio cultural dentro del gobierno: hay lineamientos de qué plataformas usar, qué datos abrir y cada vez hay más interés. Es un tema de cambio cultural, de cambio de paradigma.
¿Qué tantas resistencias o inercias se han tenido que romper?
—Muchas. En el ADN del gobierno no está innovar y cambiar, así que cuando hablamos de innovación, de cambiar, de abrir datos, siempre hay resistencias, pero nos hemos encontrado no pocos, bastantes reformadores, agentes de cambio que realmente creen en esto, que quieren cambiar al gobierno y que lo están haciendo, y toda esta gente, incluyendo secretarios, subsecretarios, han trabajado con este compromiso con la apertura. Creo que se dio un gran primer paso. Hay muchísimos retos, hay muchas resistencias todavía, pero puedo decir que comparado a hace dos años es otro el estado de ánimo hacia el trabajo con sociedad civil, cuando se toma en cuenta de cerca y de manera prioritaria la opinión de los ciudadanos, abrir datos, hacer plataformas de transparencia.
En el impulso de datos abiertos se dice que los países caminan hacia otras herramientas de la democracia. ¿Qué tanto ha avanzado nuestro país para que esto ocurra?
—Estoy convencida de que para que pasen las cosas en el gobierno y se queden, y además sean escalables, necesitan un andamiaje jurídico. Fue lo que hicimos con el tema de datos, es una tendencia mundial, todo mundo habla de Big Data y de la revolución de datos, y nos dimos a la tarea de hacer una política de datos abiertos, que nace además de un decreto presidencial. Esto nos marcó como gobierno los lineamientos a seguir para abrir datos, (pues) los datos no estaban abiertos. Incluso los que se decían abiertos estaban en formatos que nadie podía reutilizar; entonces tratamos con el Inegi, con la sociedad civil, para llegar a estándares de qué es un dato abierto, qué se puede abrir y qué no se puede abrir por respeto a la ley de protección de datos personales y cómo debería el gobierno estar abriendo los datos. Esto nos dio un marco de referencia y lo que ha pasado es que tenemos hoy más de 6 mil datos publicados en el sitio: datos.gob.mx, y no sólo eso, tenemos los que se pueden reutilizar, pero también visualizaciones, ejercicios de impacto, aplicaciones, porque no sólo es abrir los datos, sino que se reutilicen.
Cuando hablamos de democracia los datos son fundamentales porque la información sirve para cuando la pones a disposición de la gente, que la pueda reutilizar para hacer una nueva empresa, tomar una mejor decisión de dónde invertir, para decisiones tanto de investigación como las que incluso impactan su vida. Es el caso de, por ejemplo, lo que hicimos con el huracán Patricia. En tan sólo unas horas el gobierno abrió 38 bases de datos con información crítica y se puso a disposición de la gente, y más de 400 personas, organizaciones nacionales e internacionales usaron esa información para hacer capas de datos en un mapa, y tuvimos información de carreteras, de albergues, de zonas con posibles deslaves o inundaciones. En un solo día este sitio y toda la información tuvo más de 400 mil visitas; esto habla de la importancia de gobierno abierto, la apertura de datos, de información, que sea relevante, útil y oportuna.
¿Tecnológicamente el país está a la altura para acompañar este reto?
—Arranca con voluntad política, esa es un parte fundamental, y la otra parte es que tenemos un gran reto en los países de Latinoamérica con el tema de brecha digital. Todavía 50% de nuestras poblaciones no están conectadas, por eso es que en este ejemplo que acabo de dar del huracán se utilizan todos los medios; un medio fue el Internet, otro medio fue la telefonía móvil; algo que sí tenemos en México es más de 103 millones de teléfonos celulares y a través del envío de SMS estuvimos mandando información. La brecha digital tiene grandes retos, es decir, tenemos como gobiernos que conectar a más poblaciones y hay iniciativas, políticas públicas que se están encargando de eso. La reforma en telecomunicaciones va a marcar un antes y un después, porque con el cambio del ecosistema, con la entrada de la competencia, los precios van a bajar mucho y conectará a la población que hoy no tiene acceso.
¿Existe rezago en lo que ha ocurrido con las leyes secundarias?, ¿cuál es su apreciación?
—Desde la Estrategia Digital Nacional estamos fortaleciendo que el gobierno innove y abra la información y los datos. Hablamos de lo que muchos llaman “la nueva frontera de la democracia”, pero quiere decir que el gobierno, de facto, proactivamente, sea transparente, es decir, que no necesitemos solicitudes de transparencia para que el gobierno sea transparente.
¿Hay una especie de deuda del Congreso para procesar las leyes secundarias de esa reforma?
—Me parece que se va a tener que acelerar y que la sociedad está exigiendo que pase lo más rápido posible; yo espero que pase muy pronto. Desde el gobierno lo que estamos haciendo es impulsar que la transparencia y la rendición de cuentas sea de manera natural, que el gobierno abierto no sea una iniciativa a la que los estados se suman y que sea un listado de compromisos, sino que sea parte de ser gobierno.
¿Hay algún enlace con el Legislativo para que esto avance?
Lo que estamos haciendo con el Legis-lativo, específicamente con el Senado, es que se firmó una carta de colaboración entre el Inai y la sociedad civil para hacer un Senado abierto, un parlamento abierto, que esto también tuvo un impacto internacional. México es ejemplo y se está llevando a la práctica internacional, lo cual me lleva a decir que lo celebro. Es una iniciativa que se va a acelerar mucho, no nada más en el Senado, sino que diputados se sumen, que los estados se sumen y a todos los niveles, o sea, que esto no nada más sea en una esfera del gobierno federal, sino que se abra a estados, municipios y otros poderes.
En el caso de los estados, ¿será de manera sistemática?
Firmamos un convenio de colaboración con los estados, le llamamos México Abierto, y responde a que la apertura sea en estados y municipios. Firmaron 14 estados este convenio y 15 municipios se están sumando. Quiere decir que se están incorporando a principios de transparencia, con cosas muy concretas de apertura de datos.
¿Por qué en este primer momento sólo son 14 estados?
Hay interés de varios y tres más nos hablaron que se quieren sumar. Esperemos, por el bien de todos los mexicanos, que todos los estados se sumen, porque todos los ciudadanos se merecen tener gobiernos abiertos, comprometidos y responsables.
¿Qué tan importante puede ser que pudiera surgir un ente supervisor de estos avances?
Dentro de la red de México Abierto está también el Inai, está la sociedad civil, y qué mejor ente que la sociedad civil y el Inai para estar evaluando cómo van los gobiernos. A mí me parece que esa es la nueva forma de evaluar; la gente tiene que evaluarnos a los gobiernos y la sociedad civil está participando dentro de México Abierto.
¿Qué tipo de estímulos tendrían los estados que se sumen o qué sanciones a quien no participe?
Creo que el estímulo y la sanción viene de los ciudadanos, la gente está exigiendo esto en sus gobiernos. Quien no se sume tiene a su población, que estará sancionándolos realmente. Creo que esto es lo que llamamos la presión de abajo hacia arriba.
¿Se trata de una estrategia para el combate a la corrupción?, ¿qué tanto podemos avanzar en esto?
Definitivamente, Gobierno Abierto es una herramienta de combate a la corrupción. Yo quisiera dar un ejemplo: los cuidadanos, la relación que tenemos con los gobiernos, generalmente es por los trámites que hacemos con el gobierno y ahí es donde hay una cadena de corrupción. Gracias a una iniciativa como gob.mx, este portal único de trámites, no hay intercambio humano, realmente es el ciudadano con una computadora haciendo un trámite, así que ahí se vuelve cero la probabilidad de corrupción. Iniciativas como esta están probadas internacionalmente como herramientas de combate a la corrupción. Estamos buscando que cada vez menos el ciudadano tenga que estar en contacto con diferentes ventanillas donde haya probabilidad de que sean sujetos a la corrupción. Gob.mx es sin duda el proyecto de gobierno digital más importante que tiene este gobierno, y va a ahorrar tiempo y dinero a la gente, y no sólo eso, sino que al gobierno le ahorra también dinero.
En esta política algunos países parecen más audaces, se habla de Uruguay, Chile, Brasil... Si planteamos una especie de ranking, ¿dónde pondría usted a México?
Yo lo pondría ahí, quien evalúa es la gente. En la cumbre se premiaron las siete iniciativas más importantes de gobierno abierto y México está dentro de esos premios. Creo que hay que ser también justos con lo que está haciendo nuestro gobierno, los esfuerzos en materia de transparencia. Tan es así que se premió a México como uno de los proyectos regionales más importantes, lo que hizo con las guarderías y la participación de los padres de familia para mejorar la seguridad y el estado de las estancias infantiles.
¿Cuáles son los puntos que destacaría para avanzar en la Alianza?
El Presidente lo anunció. Vienen compromisos fuertes que proactivamente estamos haciendo en materia de transparencia presupuestal, en materia de justicia cotidiana. Me parece que el gran reto que tenemos, no sólo en México, sino en el resto de los países, es hacer compromisos de más alto impacto. El futuro será que nos sentemos a la mesa a discutir cuáles son. Nosotros ya pusimos algunos, el Presidente los anunció, y los otros hay que platicarlos con la sociedad civil.
Creo que hay compromisos importantes de transparencia presupuestal, de eficiencia de gobierno y también de derechos humanos que me parece relevante poner en la mesa.
