La iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, conocida como “Ley Fayad”, “pretende criminalizar y sancionar en general las expresiones ciudadanas que utilizan las tecnologías y aplicaciones digitales, la red y las plataformas sociodigitales, incluidas aquellas para manifestar su descontento con el poder público y las arbitrariedades que cometen las autoridades".
Así lo consideró la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) en un comunicado emitido esta tarde, en respuesta a la propuesta del senador Omar Fayad Meneses (PRI), actual presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
Fue además uno de los senadores que se negó a hacer modificaciones a la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en materia de colaboración con la justicia, según recordó la Amedi.
El artículo 11 de la “Ley Fayad” retoma el artículo 189 de la LFTR que obliga a los operadores de telecomunicaciones, proveedores de aplicaciones y de contenidos a colaborar con las instituciones de seguridad y justicia para geolocalizar móviles de usuarios; registro, control y conservación de comunicaciones (datos y metadatos) durante 24 meses; bloqueo inmediato de líneas y señales de comunicación móvil, entre otras medidas que “atentan contra la libertad de expresión y que pueden ser utilizadas de forma discrecional por la autoridad con fines políticos y no de prevención y persecución del delito”, apuntó la organización.
La Amedi también señaló que los artículos 21 al 25 de la “Ley Fayad”, que hablan de “Intimidación” y “divulgación indebida de información de carácter personal”, están redactados de forma ambigua, “lo cual vulnera la certeza jurídica y la libertad de expresión porque cualquier usuario podría ser penalizados con hasta doce años de prisión y multas de 100 a 200 días de salario mínimo vigente.
Lo cual, señala la organización, atenta contra el artículo sexto constitucional, que estipula que “toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.”
La Amedi apuntó que los delitos que se cometen en la web ya se encuentran tipificados en instrumentos internacionales signados por México como el Convenio de Cibercriminalidad de Budapest (2014), en leyes y códigos locales y federales, por lo que “su prevención y sanción no requieren necesariamente de nuevas leyes, sino de decretos de modificación” de los reglamentos.
La organización por el derecho a la información reconoció la necesidad de legislar en la materia “con equilibrio, sin vulnerar derechos fundamentales y con la más estricta técnica penal para tipificar delitos aún no reconocidos en México, pero después de un amplio debate y no a través de una ley especial que criminalice la libertad de expresión”.
La organización señaló que la “Ley Fayad” criminaliza a los usuarios de Internet, cuando en realidad debería exigir y regular a las empresas, proveedores de servicios, aplicaciones y desarrolladores de software y tecnología sobre políticas de privacidad y protección de datos personales.
“Los Estados policiacos, aún cibernéticos, no tienen cabida en las sociedades democráticas, como pretende de forma expresa la 'Ley Fayad'”, apuntó la Amedi, y llamó a abrir el debate incluyente con estricto apego a la técnica legislativa y penal del caso.
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