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Un juez federal ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pagar íntegramente el dinero que cuatro ahorradores habían depositado en Ficrea, por considerar que ese organismo violó los principios de legalidad y el debido procedimiento administrativo que le corresponde, al no vigilar de forma eficaz las operaciones de dicha caja de ahorros.
La sentencia fue dictada por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva García, quien resolvió el amparo a los cuatro quejosos, tras concluir que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no respetó el artículo 16 constitucional, así como los artículos 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vinculados ambos con el respeto y la salvaguarda del derecho de propiedad.
El impartidor de justicia advirtió que la cantidad total depositada, así como el interés legal que le corresponde al monto de lo ahorrado, debe ser pagada de manera íntegra por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y no con los fondos relacionados con el concurso mercantil de Ficrea, conocido como masa concursal, a fin de no afectar los intereses de otros ahorradores agraviados por la quiebra de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo).
El juez justificó su decisión al considerar que la CNBV tiene la obligación constitucional de vigilar adecuadamente el sistema financiero, facultad de supervisión que se le otorgó de manera reforzada tras diversas reformas legales para tratar de evitar que se repitan las quiebras bancarias ocurridas en los años 1994 y 1995, así como para impedir fraudes contra los ahorradores por parte de las Sofipos.
En la sentencia se advierte que la comisión retrasó de manera indebida la aplicación de medidas correctivas en contra de Ficrea, así como la emisión de alertas a los ahorradores sobre la situación que guardaba dicha caja de ahorros, toda vez que la propia CNBV ha reconocido que estaba al tanto de las primeras irregularidades cometidas por Ficrea desde el 8 de abril de 2013.
La intervención y el cierre de operaciones de la misma, no obstante, se dio hasta el 7 de noviembre de 2014, afectando de esta forma a todas las personas que tenían ahí su dinero.
“Los ahorradores no tienen el deber de soportar el uso indebido y deliberado de los fondos de una entidad financiera en beneficio de terceras personas, cuando existe deficiente supervisión por parte de la CNBV, así como inoportuna información y alerta al público ahorrador ante la existencia de graves irregularidades en su administración”, concluye el resolutivo del juzgador federal en este caso.
