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El gasto en seguros para la burocracia del gobierno federal se duplicó entre 2012 y 2014, al pasar de 2 mil 500 millones de pesos a casi 5 mil millones. De acuerdo con solicitudes de información hechas por EL UNIVERSAL a 25 dependencias federales —secretarías de Estado y gabinete ampliado— la cantidad erogada este año representa 9.5% de lo que se destinará durante este periodo en subsidios para familias en pobreza.
El próximo año en el presupuesto, el rubro de subsidios de apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza alcanzó los 49 mil millones de pesos.
En 2013, el Programa de Apoyo Alimentario de la Sedesol ejerció 4 mil 787millones de pesos en beneficio de 732 mil familias.
Si se compara, el gasto para asegurar a la burocracia es semejante a lo que se destinó por la Secretaría de Gobernación para la creación de la Gendarmería Nacional, que requirió 4 mil 500 millones de pesos.
El pago de seguros de vida, de gastos médicos y de retiro, son los beneficios con los que cuentan un millón 183 mil trabajadores de las dependencias gubernamentales consultadas.
De acuerdo con las solicitudes de información, en 2006 el gasto en seguros fue de mil 328 millones 707 mil 450 pesos. Es decir, también muestra un aumento de casi el doble entre el fin del gobierno de Vicente Fox y el cierre del sexenio de su sucesor, Felipe Calderón.
Además, secretarios de Estado y altos directivos de siete dependencias como: Segob, Secretaría de Salud, Sener, Sedesol, SCT, SHCP y SAT cuentan con el llamado “Seguro de Responsabilidad Civil y Asistencia Legal”, un tipo de protección que cubre al personal de nivel alto que, en cumplimiento de sus funciones, cause algún daño a un tercero.
Todas las dependencias cubren en su totalidad el seguro de vida y de gastos médicos mayores, en tanto que en promedio, en las protecciones de retiro, de separación individualizado y de responsabilidad civil, los trabajadores y la institución aportan cada uno 50% del costo de cada seguro.
Las que aumentaron
Entre las dependencias que tuvieron un mayor crecimiento al comparar 2006, año de inicio del sexenio de Felipe Calderón, y 2014, en el segundo año de Enrique Peña Nieto, está la Secretaría de Gobernación (Segob), que pasó de pagar 215 millones de pesos en 2006 a desembolsar poco más de 2 mil millones, lo que significó un aumento de 90%.
La dependencia precisó que a partir de 2013, las unidades de la extinta Secretaría de Seguridad Pública pasaron a ser parte de la Segob, entre ellos más de 35 mil elementos de la Policía Federal (PF). Mientras el Servicio de Administración Tributaria pasó de pagar 570 millones en 2006 a 943 millones en 2014.
Otro caso que sobresale es el de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), ya que en 2006 erogó 112 mil pesos en tres tipos de seguros, mientras que en 2014 esta cifra aumentó a 2 millones 140 mil pesos en el pago de esta prestación para 155 personas que laboran en esta oficina.
Metlife y GNP son las compañías aseguradoras que tienen la mayor cantidad de contratos con las secretarías de gobierno.
De las 25 dependencias, Metlife mantiene contratos con 21 de ellas, en tanto, GNP lo hacía con 20. Otras de las compañías prestadoras del servicio son Banorte, Grupo Mexicano de Seguros y Seguros Tepeyac.
Las que redujeron
Mientras algunas dependencias federales aumentaron sus montos en el pago de seguro, existen algunas instituciones públicas que disminuyeron este gasto.
Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos (Capufe) pagó poco más de 16 millones de pesos en 2006, en tanto que en 2014, erogó 11 millones 246 mil pesos, lo que significó un decremento de 30%.
La Lotería Nacional (Lotenal) pasó de pagar un millón 752 mil pesos en 2012 a un millón 505 mil, lo que representa un 14% menos.
En tanto que la Secretaría de la Función Pública (SFP) pasó de pagar, en 2006, alrededor de 103 millones a desembolsar 91 millones en 2014, lo que significó una disminución de 12%.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la dependencia que cuenta con más personal asegurado, ya que según información que otorgó la propia dependencia, son alrededor de 860 mil servidores públicos los beneficiados con al menos un tipo de seguro, de los cuatro que dice otorgar a sus trabajadores.
En tanto, Petróleos Mexicanos (Pemex) afirma otorgar el seguro de vida a 160 mil 63 trabajadores en activo, además de beneficiar a su personal jubilado, aunque no dio a conocer el número de empleados que están bajo esta figura dentro del personal asegurado.
Sin información
De las 25 dependencias consultadas, 11 de ellas no ofrecieron datos de lo gastado en el rubro de seguros en el año 2006.
La Secretaría de Relaciones Exteriores no dio a conocer estos datos, bajo el argumento de que “los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación del Archivo General de la Nación sólo obliga a las dependencias a conservar documentos en el archivo de concentración por un plazo de cinco años”.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se limitó a responder que la información correspondiente a 2006 no era posible proporcionarla, ya que sólo cuenta con información de 2010 a la fecha.
La Sagarpa informó que no era posible obtener información correspondiente al ejercicio fiscal 2006, debido a que está “dada de baja”.
En tanto, algunas como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública brindó una liga web para consultar datos, pero al tratar de acceder a ella, apareció la leyenda: “La información ya no está disponible para su consulta”.
Costumbre
A pesar del aumento que el gobierno ha erogado en los montos de seguro en los últimos años, para especialistas en el tema, estas cifras no parecen ser un aumento considerable, ya que se debe de tomar como referencia el tamaño del Estado mexicano, el número de trabajadores, así como las políticas de apoyo a los trabajadores de las dependencias.
Para Eduardo Recinos, director senior de seguros en América Latina de la calificadora Fitch, los cifras de gasto que hace el gobierno mexicano corresponden a una política tradicional de apoyo hacia la burocracia, como ocurre en la mayor parte de los países de la región latinoamericana.
“Los gobiernos en América Latina sí tienden a dar muchas prestaciones en términos de cobertura de seguros para los empleados públicos, inclusive a entidades autónomas de gobierno o administrativas. Eso es lo que se acostumbra”, explicó el experto.
Acerca del aumento en seguros del año 2012 a 2014, el especialista comentó que esto se puede deber a varios factores externos, como la inflación, la cual repercute en el aumento de los costos de medicamentos y de atención médica, por lo que las pólizas de seguros aumentan.
Para Eugenia Martínez Archundia, directora de Fitch en México, es acertada la medida de contratar seguros especiales para secretarios de Estado y altos directivos, ya que es una práctica de mitigación de riesgos.
“En general, tanto en instituciones públicas como en las privadas tienen esta práctica en la región, simplemente como medida de mitigación de riesgos, lo que sucede es que a final de cuentas un peligro mitigado, en caso de llevarse a cabo el siniestro es menos costoso si se cuenta con una póliza”, señala.
“Es una práctica común, en general y en términos que se pueda afectar tanto en aspectos reputacionales como en términos legales, dependiendo de la compañía, es un seguro bastante usado en cualquier rango que tenga alguna responsabilidad con medios, sean en compañías públicas o privadas”, indica.
Fin a privilegios
Un grupo de expertos, entre los que destacan Mauricio Merino, Rogelio Gómez Hermosillo y Lucila Servitje, entre otros, acudieron el 3 de noviembre a la Cámara de Diputados para pedirle a los coordinadores parlamentarios de los tres principales partidos (Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática), que en la aprobación del Paquete Económico del 2016, acaben con los privilegios de la clase política como pagos extraordinarios, aguinaldos mayores de 40 días, bonos extras, compensaciones y fondos de gestión.
Aunque la prestación de seguros de gastos mayores o de vida sea un apoyo común para servidores públicos en México, algunos diputados, la mayoría de partidos de izquierda, han criticado esto.
Entre agosto y septiembre, las bancadas de Morena, Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados declararon que en congruencia con el tema de austeridad, renunciarían a los seguros de gastos médicos mayores y de vida que se pagan con el dinero de la ciudadanía, y que forman parte de las prestaciones a las que son acreedores.
Los 61 integrantes de la bancada del partido del sol azteca en la Cámara de Diputados renunciaron al seguro de gastos médicos mayores y de vida que les otorga el Palacio Legislativo de San Lázaro a partir de que rindieron protesta como legisladores el 1 de septiembre.
El coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en San Lázaro, Francisco Martínez Neri, comentó que a reserva de revisar el presupuesto asignado a cada bancada, el ahorro que se le podría generar al Poder Legislativo es de alrededor de 160 millones de pesos. Incluso aseguró que ahora los legisladores tendrán que ir al ISSSTE a atenderse cuando tengan algún padecimiento.
En septiembre de 2014 EL UNIVERSAL publicó que la Cámara de Diputados destinó más de 94 millones de pesos para un contrato de seguro colectivo de gastos médicos mayores con la empresa GNP, que incluye a todos los parientes de los legisladores, así como a autoridades de mandos medios y superiores del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Sobre esto, el líder coordinador del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho, rechazó renunciar a alguna de las prestaciones que tienen por ley los diputados federales. “No queremos ningún privilegio, pero las diputadas y los diputados tienen derechos como los tiene cualquier trabajador del sector privado o público”, dijo.
En el Senado también analizan dar atención a necesidades médicas con doctores del ISSSTE, pero sólo en algunos casos.
Antecedentes
El 16 de diciembre de 2014 EL UNIVERSAL publicó que cada año la alta burocracia absorbe alrededor de 2 mil 249 millones de pesos tan sólo por concepto de seguros de gastos médicos mayores, pagados con recursos públicos, para poder atender a 330 mil personas en hospitales privados de los males que les aquejan.
Los datos disponibles en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no son homologables porque están en partidas distintas y son adquiridos desde forma trimestral hasta trianual, de acuerdo con una revisión con base en solicitudes en la Ley de Transparencia y consultas en documentos oficiales.
A diciembre de 2014, por ejemplo, la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) gasta mensualmente 61 millones 692 mil 231 pesos en la cuota para seguros de gastos médicos mayores de sus trabajadores, pero los 11 ministros —y sus cónyuges e hijos menores de 25 años— gozan de mayores beneficios, entre los que destacan: ambulancia aérea, atención en el extranjero, cirugías de nariz, atención a obesidad mórbida, trastornos del sueño, tratamiento dental y hasta lesiones por práctica amateur, como alpinismo, paracaidismo o automovilismo. Estos últimos beneficios también los tienen magistrados y jueces.
El Poder Judicial de la Federación —Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral— hizo una adjudicación directa AD-319/2011, de manera consolidada y plurianual (de 2011 a 2014), a Seguros Banorte Generali para proporcionar este servicio y adicionalmente el seguro de vida o invalidez total y permanente a personal operativo, mandos medios y superiores y ministros, magistrados y jueces jubilados. La población asegurada es considerable, pues junto con sus familiares directos suman 57 mil 246, y mandos medios y superiores más sus parientes directos suman 30 mil 685 personas.
