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horacio.jimenez@eluniversal.com.mx
El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados busca crear patronatos en las 32 entidades del país que den asistencia integral a los sentenciados en las cárceles y a sus familias, poniendo especial atención a niñas, niños y adolescentes con el objetivo de lograr una readaptación óptima y no alejarlos de la sociedad.
A través del diputado Waldo Fernández, el PRD busca que los gobiernos financien estos patronatos y fomenten la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, universidades públicas y privadas.
“Las mejores vocaciones de ayuda, solidaridad y apoyo a las familias pueden desplegarse si tenemos un proceso sistemático para reglamentar una acción de asistencia integral que sume esfuerzos de otras agencias de gobierno y de la sociedad civil organizada. El altruismo, la filantropía, la asistencia privada, la asistencia pública y otras formas de intervención social que se desarrollan desde lo público y lo privado, pueden encontrarse en esta necesaria atención a las familias que vive en condiciones de riesgo, desprotección, pero sobre todo, de una necesidad”, comentó el diputado.
En su documento, el legislador regiomontano explica que el debate sobre la reclusión de las personas ha tenido diversos momentos e incluso se ha llegado a extremos que van desde su apartamiento del tejido social, en medio de tratos degradantes, hasta las propuestas contemporáneas que abordan la reinserción social, oportunidades de trabajo, la reducción de penas y la formación académica en reclusión.
Sin embrago, señala, un tema común —pero a la vez difícilmente tratado— ha sido el de las familias de las personas en prisión. El diputado se pregunta qué pasa con los hijos, las esposas, las madres y los hermanos de los así llamados sentenciados.
“Hoy estudios en sociología, medicina, antropología, sociología del delito y política criminal, muestran que las familias son víctimas secundarias respecto de la pena impuesta al sentenciado, y los espacios familiares de las personas en situación de prisión enfrentan una problemática, en la cual, las personas pasan por diferentes riesgos y tensiones; colocándolas en situaciones de incertidumbre, vulnerabilidad, depresión y necesidades limite”, comentó el legislador.
Aseguró que en el caso mexicano, dadas las características de los delitos, es posible afirmar que un sector superior al 60% de las personas que están en prisión, fueron sentenciados por delitos de menos de 8 mil pesos.
Señala que un porcentaje significativo de estructuras familiares, sistemas de familias o tipos de hogares, que de por sí enfrentan condiciones de marginación social, pasan de forma súbita a enfrentar la pérdida de ingresos, los gastos derivados de tener un familiar en prisión y barreras visibles e invisibles que los apartan, los estigmatizan y alejan de la convivencia social.
Destacó que actualmente existen patronatos en algunas entidades federativas derivados de sus respectivas leyes de ejecución de sentencias, sin embargo, “no están orientados a la participación familiar y de la sociedad civil. Asimismo, no se trata de un ordenamiento nacional, sino local”.
