El procurador general de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, tiene a su cargo investigaciones claves como la del caso Tlatlaya, uno de los episodios que ha generado críticas en materia de derechos humanos, tras la muerte de 22 personas en un incidente con el Ejército, ocurrido el 30 de junio de 2014.
Fue designado como procurador mexiquense en mayo de 2014. Antes de desempeñar este cargo, formaba parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia, instancia en la que era consejero adjunto en materia constitucional.
También ha ocupado cargos en la Procuraduría General de la República (PGR), como visitador general dedicado al combate a la corrupción dentro de la institución, así como coordinador de asesores, y en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde se hacía cargo de revisar los amparos que se promovían contra dicha instancia judicial.
Trabajó en la procuraduría capitalina, donde ocupaba el cargo de secretario particular, y en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Egresado de la Escuela Libre de Derecho, Gómez Sánchez también fue subprocurador Jurídico en el Estado de México. Ha trabajado en notarías públicas y despachos privados.
En su ficha técnica de la Conferencia Nacional de Procuradores, destaca que Gómez Sánchez “ha participado en la formulación de las reformas al sistema de justicia penal, narcomenudeo, delitos financieros, derechos de autor y propiedad industrial”.
En la página de servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública indica que no está de acuerdo en hacer pública su declaración patrimonial.
