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Quien aspire a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe ser un jurista altamente calificado y reconocido, con estricto apego a su vocación y sin un perfil político activo, de lo contrario estaría en peligro la independencia y objetividad del alto tribunal, coincidieron expertos.
Enrique Carpizo Aguilar, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que el máximo tribunal del país debe estar integrado por personajes de gran calidad moral y profesional, con vocación al ámbito de justicia constitucional porque de ahí depende la gran mayoría de las decisiones importantes del progreso de la nación.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es un cementerio de políticos venidos a menos, no debe ser integrada por ministros débiles y fuertes, siendo los fuertes los que tienen una trascendencia política y los débiles los que tienen todo el mérito académico y profesional para legitimar los actos del máximo tribunal”, enfatizó.
Ayer, el Ejecutivo envió al Senado las dos ternas conformadas por las magistradas Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle; la segunda terna está compuesta por los magistrados Álvaro Castro Estrada, Javier Laynez Potisek y el procurador del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez.
Al respecto, Pedro Hernández Gaona, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM comentó que por su trayectoria en la carrera judicial, los más fuertes para ocupar las dos vacantes son Sara Patricia Orea y Álvaro Castro. Destacó que el Ejecutivo haya enviado una terna conformada por mujeres.
En cuanto al procurador Gómez Sánchez que aparece en una de las ternas, tanto Hernández Gaona como el jurista Raúl Carrancá y Carpizo Aguilar, coincidieron en que es una persona respetable pero no cumple con el perfil para ministro. Carrancá y Rivas mencionó que la Constitución prescribe de manera clara que para ser ministro hay que tener una carrera judicial brillante, pero también haberse distinguido en el ejercicio de la profesión del derecho; ya sea del ejercicio profesional o la academia.
“Un ministro debe ser fundamentalmente y por encima de todo un eminente jurista, por más que se brille en la carrera judicial no se puede caer en la burocracia judicial. El procurador [Alejandro Gómez] es una concesión al Estado de donde viene el Presidente de la República”, dijo.
Por otra parte, Enrique Carpizo Aguilar señaló que los candidatos a ministro deben tener una integración que parta de varios perfiles del ámbito del derecho, litigantes, carrera judicial y del académico.
“El Senado tiene que reconocer que en los últimos tres años ha hecho designaciones que se han cuestionado socialmente, por ello tiene que tomar cartas en el asunto con profesionalismo, de lo contrario estaríamos viendo que la Suprema Corte estría cambiando su rumbo y se inclinaría más hacia la temática política en donde la justicia pasa a segundo término”, enfatizó.
Agregó que el perfil de un aspirante debe ser a partir de la trascendencia en el ámbito de la impartición de justicia, con antecedentes en el manejo del proceso de amparo, en el juicio de controversias constitucionales y no de Ministerio Público.
“El perfil del ministro no es para personas que hayan participado en temáticas de espionaje o inteligencia militar”, agregó.
