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Las mujeres se siguen enfrentando a un proceso de desigualdad material y estructural que se deriva de su sexo, trato discriminatorio que se agrava con la incidencia de otros factores como la etnia, edad y su condición social, pero que además ha sido legitimado por las propias instituciones, reconoció el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales.

Durante su participación en el Primer Encuentro Internacional Juzgando con Perspectiva de Género, el ministro Aguilar Morales agregó que los impartidores de justicia están obligados a hacer cumplir el principio constitucional de igualdad entre el hombre y la mujer, por lo que hablar de perspectiva de género en la aplicación de la justicia es cumplir con el respeto y protección de los derechos humanos.

“La diferencia de un hecho biológico, como lo es el del sexo, se ha traducido en una desigualdad para las mujeres no sólo formal, sino material y estructural. La mujer ha sido relegada en la historia como sujeto de derechos. Las conquistas son recientes si tomamos como parámetro el devenir de la humanidad. Las instituciones han llegado a legitimar el trato discriminatorio hacia ellas”, sentenció.

Equidad en Poder Judicial. La ministra Margarita Luna Ramos afirmó que dentro del Poder Judicial Federal se está trabajando para combatir la desigualdad existente entre hombres y mujeres para ocupar altos cargos, particularmente en los casos de magistradas y juezas, por lo que el Comité Inter-
institucional por la Igualdad de Género revisa sus lineamientos internos para combatir las razones estructurales de dicha discriminación.

Dijo que una de estas medidas es evitar el cambio de lugar de trabajo de aquellas impartidoras de justicia que corren el riesgo de separarse de su familia o de divorciarse de su pareja como consecuencia de la llamada “readscripción”, es decir, por el cambio de un tribunal o un juzgado que se localiza en un estado a otro tribunal o juzgado de otra entidad federativa.

No obstante, la ministra reiteró que en el caso de las vacantes que se abrirán en el máximo tribunal del país corresponderá al presidente Enrique Peña Nieto y al Senado de la República definir si dos mujeres ocupan estos puestos ante el retiro de Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.

“Desde luego, yéndose una mujer por lo menos debería llegar otra. Desde luego, entendemos que es competencia del Ejecutivo federal la propuesta de la terna, mientras que la designación es por parte del Senado, aquí no tiene un papel preponderante la Suprema Corte, pero como aspiración por supuesto que sí”, sentenció.

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