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La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al consumo de la marihuana abre finalmente la puerta para que México adopte una política de drogas sustentada en evidencias científicas y el derecho del individuo a decidir por sí mismo, sostiene Amanda Feilding, directora de la Fundación Beckley.
“Es un paso adelante en el derecho humano básico a respetar la conciencia”, dice a EL UNIVERSAL.
“El enfoque actual de guerra contra las drogas, no sólo no respeta los derechos del individuo, ha alimentado la violencia, la corrupción y la inestabilidad política”, declara.
Como muestra del fracaso de la “política de las balas”, señala que más de 100 mil personas han muerto en México por violencia relacionada contra las drogas desde 2006.
La Fundación Beckley es un think tank con sede en Gran Bretaña enfocado al estudio de alternativas al actual régimen de control de estupefacientes y sus investigaciones suelen ser fuente científica de instancias como la Comisión Global de Políticas de Drogas, una plataforma que pide repensar las políticas en la materia, conformada por personalidades como Kofi Annan, ex secretario de Naciones Unidas, y los ex mandatarios de México y Brasil, Ernesto Zedillo y Henrique Cardoso.
Feilding asegura que el amparo de la SCJN, que autoriza la producción y uso lúdico de la marihuana a cuatro personas, refleja la creciente preocupación en México por el alto costo que ha tenido en los derechos humanos la guerra contra las drogas.
Feilding sostiene que con la despenalización de la marihuana en México los cárteles dejarían de percibir 1.5 mil millones de dólares al año.
Pero no sólo las bandas criminales perderían una importante fuente de ingreso, el Estado recaudaría recursos adicionales por la regulación fiscal del enervante, declara.
