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El lavado de dinero por corrupción política ha superado al que realiza el crimen organizado en México, lo que implica también la penetración de fondos de la delincuencia en esa esfera, por lo que es necesario reformular el renglón judicial, ya que no existen procesos legales al respecto, afirmó Edgardo Buscaglia, profesor investigador de la Universidad de Columbia.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Buscaglia explicó que su nuevo libro, Lavado de dinero y corrupción política, rompe con la premisa de que los recursos provenientes del narcotráfico explican todo lo relacionado con el blanqueo de capitales en México y en otras naciones.
¿Cuál es el caso de México?
—El dinero de cárteles es claramente significativo, pasa en parte por el sistema político, lo cual hace que la corrupción siga siendo relevante en su relación con los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otros, pero además hay que agregarle todo el dinero sucio producto de actos de corrupción como malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, sobornos, entre otros.
La corrupción política en México engloba mucho más dinero sucio que el solamente ligado a los grupos de la droga, por lo tanto la considero como una fuente de recursos sucios más significativa que los generados por grupos del narcotráfico.
Además del dinero del narcotráfico, ¿de dónde fluye el capital ilegal a los políticos?
—El lavado de dinero por corrupción política en la República Mexicana está alimentado por narcotráfico y por muchos otros tipos de crímenes relacionados con conflictos de interés, licitaciones públicas, tráficos de influencia, evasión fiscal, sobornos y enriquecimiento ilícito que no se consideran para investigaciones judiciales.
En el caso mexicano no se puede partir de la premisa de que el narcotráfico es la principal fuente de lavado de dinero, ya que existe una gran proporción de delitos, incluyendo tráfico de drogas, que alimentan la corrupción política mexicana, entonces no se puede presuponer que las drogas sean la principal fuente de blanqueo de capitales.
¿Eso implica que miembros de la clase política mexicana están infiltrados por el narcotráfico?
—La clase política está infiltrada por la delincuencia organizada y por su propia corrupción interna ligada a empresas que no están relacionadas con narcotráfico, es dinero sucio por diferentes orígenes, por ejemplo, contrataciones públicas que se asignan con base en tráfico de influencias y conflicto de intereses, recursos que no son considerados como lavado de dinero.
¿Y los procesos penales de lavado por corrupción política?
—En el caso mexicano no existen procesos legales de lavado de dinero ligados a la corrupción política, lo que ha provocado que México se ubique como el tercer país del mundo con más recursos ilícitos que fluyen en su economía, y eso es una característica predominante que no se da en otras naciones.
El lavado de dinero por la corrupción política es más significativa y en ese sentido hay que reformular las estrategias y acciones judiciales en México para enfrentarla en serio; dentro de la política no existen incentivos para aplicar las recomendaciones que yo incluyo en este libro, la dolce vita es excepcional en ese ambiente de impunidad en
la nación.
¿Cómo se puede generar un cambio en el país?
—Desde el exterior se comienzan a observar fuentes de presión como las que se tenían en los años 80 en contra de Colombia e Italia, porque los países que interactúan con México están pagando un alto costo por el colapso de la seguridad humana que está sufriendo y la presión para mejorar la calidad de las instituciones nacionales.
Los sectores económicos como el minero y petrolero van a hacer que México se vea forzado, a través de su élite, a implementar algunas de las mejores prácticas, no todas, pero algunas.
Los partidos políticos se niegan a informar sobre el uso que le dan a cada peso que reciben vía financiamiento público, ¿eso facilita el lavado de dinero?
—Sí. No existe la cultura democrática republicana donde un funcionario tiene que hacer público todo su patrimonio y su ámbito de privacidad es mucho menor, por ley, que el resto. Los funcionarios consideran que el ciudadano es un siervo y que tienen que mantenerlos en sus redes patrimoniales como señores feudales, esa es una cultura política de la impunidad como en Rusia, Nigeria y México va a tener que superarla.
La presión para el cambio va a surgir desde fuera del sistema político y se verán forzados a limpiar desde fuera hacia dentro y viceversa, un poco de ese dinero.
Esperemos que muchos de estos políticos que hoy se resisten a abrir sus cuentas, en los partidos, y a sujetarse al escrutinio de su patrimonio sean procesados judicialmente, o se reformen a tiempo para que sean parte de la solución y no del problema, e incluyo a gente de todos los institutos políticos.
