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Luego que un juez federal ordenó la libertad de cuatro de los siete militares involucrados en el caso Tlatlaya, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que interpondrá un recurso de apelación.
El Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal determinó la libertad de cuatro militares luego que la PGR no permitió, según el juzgador, reunirse con sus abogados; en ese sentido, los castrenses impugnaron la formal prisión ante un tribunal.
Al resolver, el sexto tribunal unitario ordenó al juez dictar un nuevo auto de formal prisión o de libertad tomando en cuenta que el agente del ministerio público de la federación no se apegó a la ley.
En un comunicado, la PGR indicó que acatarán la determinación del juez en sus términos “sin embargo esta Representación Social haciendo uso de los instrumentos legales necesarios contenidos en el marco jurídico, interpondrá el recurso de apelación correspondiente”.
Lo anterior –continuó- en razón de que el Ministerio Público de la Federación seguirá aportando los elementos de prueba suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable o plena responsabilidad de las personas involucradas, según sea el caso, en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales.
El pasado 7 de noviembre, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó el auto de formal prisión en contra de los siete militares involucrados en el caso Tlatlaya, por ejercicio indebido del servicio público.
Se trata de los soldados Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Fernando Quintero Millán, Leobardo Hernández Leónides, así como el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez.
Con el nuevo fallo, quienes abandonan la prisión son Julio César, Samuel Torres, Alan Fuentes y el teniente Ezequiel Rodríguez, este ultimo se le imputaba su presunta responsabilidad en el ilícito de encubrimiento, en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito.
Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, fueron consignados por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo,
De acuerdo con la reconstrucción que realizó la Procuraduría General de la República (PGR), luego del enfrentamiento entre los uniformados con integrantes de la delincuencia organizada; tres militares ingresaron a la bodega, tomaron las armas de los abatidos y les dispararon a por lo menos ocho delincuentes que seguían vivos.
Sin embargo, en las investigaciones que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no fueron ocho sino 12 las personas que ya se habían rendido y fueron privadas de su vida arbitrariamente.
En la Recomendación 51/2014 de la CNDH, dirigida al secretario de la Defensa Nacional, al procurador General de la República y al gobernador del Estado de México, el organismo señaló que el lugar de los hechos fue alterado para tratar de simular que todos los civiles habían muerto durante el enfrentamiento.
