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La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo órdenes de aprehensión en contra de 29 maestros de Oaxaca, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por su probable responsabilidad en los delitos de motín, robo agravado, daño en propiedad ajena y contra la riqueza nacional.
De ese total, cuatro docentes fueron consignados ante un juez federal e ingresados al penal de máxima seguridad de El Altiplano el jueves pasado, aunque sólo tres de ellos enfrentan cargos federales y al otro se le imputan delitos del fuero común; mientras que el resto de los profesores ya son buscados por las autoridades.
Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, sostuvo que se trata del cumplimiento de la ley. En entrevista con EL UNIVERSAL señaló que se recibieron denuncias contra los docentes durante el proceso electoral del pasado 7 de junio y la PGR lo que hizo fue consignar ante un juez los expedientes.
“Nada tiene que ver el derecho a la libre manifestación y todo derecho constitucional que les otorgue de manera individual o gremial a los ciudadanos. Como se ha dicho que se trata de desapariciones forzadas, es una cuestión que puede llegar a confundir; todo está dentro del marco de la ley”, sostuvo, en respuesta a los integrantes de la CNTE que aseguraron que existieron irregularidades en las detenciones.
Comentó que las conductas de algunos de los docentes causan daños materiales en perjuicio de las instituciones federales que son las que participan en la generación de recursos a la nación como Petróleos Mexicanos (Pemex).
En ese sentido, el subprocurador puntualizó que son hechos delictivos que “en nada podríamos relacionarlos, y jamás opondríamos una investigación a un derecho ciudadano”.
El funcionario prefirió reservar los nombres de los maestros contra los que pesan las órdenes de aprehensión, dijo que en la medida en que se cumplan los mandatos judiciales se irá informando a la ciudadanía.
Respecto de los cuatro consignados, expuso que tres son del fuero federal por imputación de delito grave y uno más del fuero común. Se trata de Juan Carlos Orozco Matus, Efraín Picazo Pérez y Othón Nazariega Segura —este último identificado como uno de los más violentos del magisterio—, quienes podrían alcanzar penas de hasta 40 años de prisión. En el fuero común, a Roberto Abel Jiménez García se le acusa de robo calificado con violencia y se le atribuye que se apoderó de componentes de cámaras de vigilancia del C-4 del gobierno de Oaxaca.
Orozco Matus, Picazo Pérez y Nazariega Segura fueron consignados por su presunta responsabilidad en los delitos de robo agravado, daño en propiedad ajena y contra el consumo y riqueza nacional.
Presentan defensa. Un juez federal admitió a trámite un primer amparo promovido por la defensa de los cuatro dirigentes pertenecientes a la Sección 22 de la CNTE que fueron detenidos la madrugada del 29 de octubre en distintos operativos realizados en la capital del estado de Oaxaca.
El amparo impugna la detención e incomunicación de los maestros por parte de la PGR, por considerar que la captura de Orozco Matus, Nazariega Segura, Picazo Pérez y Jiménez García es contraria al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
De acuerdo con las listas de notificaciones del Poder Judicial de la Federación, la demanda de garantías está radicada ante el Juzgado Quinto de Distrito con sede en el estado de Oaxaca, cuyo titular concedió una suspensión de plano a los cuatro profesores acusados de cometer delitos graves por participar en bloqueos y ataques contra instalaciones e inmuebles gubernamentales.
Debido a que la defensa de los profesores también alertaba sobre “la inminente desaparición forzada” en agravio de los maestros pertenecientes a una de las facciones más radicales de la Sección 22, el juzgador federal solicitó a la Procuraduría General de la República que informara de inmediato sobre el destino de los cuatro docentes.
La propia PGR explicó que los activistas de la CNTE acusados de delitos como motín, daño en propiedad ajena, daños contra la riqueza nacional y robo agravado, ya fueron consignados ante un juez federal e ingresados al penal de máxima seguridad de El Altiplano, que se localiza en el Estado de México, según consta en las notificaciones del expediente 1654/2015.
