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La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó ayer de la inhabilitación por 10 años para el servicio público y multa por 138 millones de pesos a Jorge Humberto López Portillo Basave, quien fue director general de Exportadora de Sal, SA de CV, desde 11 de julio de 2013 y hasta el 26 de diciembre de 2014, por haber dado un anticipo para la compra de una barcaza por más de 92 millones de pesos, sin contar con la autorización del Consejo de Administración de dicha paraestatal.
La dependencia a cargo de Virgilio Andrade precisó que, previo desahogo de la garantía de audiencia de ley, así como de la valoración de las pruebas ofrecidas y de las allegadas a los expedientes, se emitió la resolución para la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por 10 años, así como la económica equivalente a 1.5 veces el daño causado.
Con la sanción al ex director general de Exportadora de Sal, son tres los titulares de órganos del gobierno federal que la SFP inhabilita por actos contrarios a la ley, como fue en los casos del ex titular de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, así como de quien fue Procurador Federal de la Defensa del Trabajo.
Alerta. El pasado 1 de octubre, los senadores del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez, Juan Alejandro Fernández, Ernesto Ruffo, Marcela Torres y Víctor Hermosillo, presentaron un punto de acuerdo para que el gobierno explique las irregularidades en esa empresa.
Detallaron que el año pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó al Consejo de Administración de ESSA fijar una política de precios de venta de sal: “Se observaron ventas en las que el precio aplicado fue inferior al costo promedio de producción en 2013, lo que propició que ESSA no recibiera 3 mil 412 millones de dólares (43 mil 816 millones de pesos) para cubrir al menos dicho costo”, citaron los senadores.
Calcularon que para este año es posible que el daño patrimonial alcance los 50 mil millones de pesos, entre las pérdidas cambiarias y los reembolsos entregados por ESSA a Mitsubishi. Al parecer, pese a que la ASF ha tenido conocimiento del problema, no ha presentado denuncia, tampoco se ha sancionado a funcionario alguno, señalaron los legisladores. Redacción
