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Oaxaca, Oax.— La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) estimó que son 25 órdenes de aprehensión las que existen en contra de integrantes del Comité Ejecutivo Seccional; hasta el momento ninguno ha promovido algún amparo para evitar que se cumplan.
Después de la detención de cuatro profesores de la Sección 22 por parte de la Policía Federal, el secretario jurídico del gremio, Jerónimo Martínez Ambrosio, buscó entrevistarse con el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, pero no hubo oportunidad de que lo atendiera en la audiencia pública que dio en Palacio de Gobierno, sólo lo recibieron funcionarios menores, a quienes hizo la petición de que interviniera para la liberación de los profesores detenidos.
Por la tarde, los maestros de Oaxaca exigieron, con una marcha que derivó en violencia, la liberación inmediata de Othón Nazariega Segura, Efraín Picazo Pérez, Roberto Abel Jiménez García y Juan Carlos Orozco Matus.
En la mañana, el secretario general de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez, acudió con un grupo de 100 trabajadores de la educación a los juzgados federales de Distrito, ubicados en avenida Juárez, para promover un amparo por desaparición forzada en contra del Estado mexicano.
Después de confirmarse la detención por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), la Sección 22 convocó a los 37 sectores magisteriales a movilizarse en cada una de las regiones. Sin embargo, sólo en tres se reportaron protestas.
La exigencia de las protestas es la liberación de los detenidos, la instalación inmediata de una mesa de negociación con las autoridades, el pago a
5 mil trabajadores no regularizados y su regularización, además del rechazo a la reforma educativa y a la modificación administrativa en el Instituto Estatal de Educación de Oaxaca (IEEPO).
El asesor jurídico, Jerónimo Martínez Ambrosio, aseguró que hasta ayer en la tarde oficialmente desconocían la situación jurídica de los cuatro profesores, y que no habían tenido comunicación con sus familiares.
Anunció que además de las protestas, por la vía jurídica impugnarán la detención, que calificó de ilegal, ya que presuntamente no les mostraron una orden de aprehensión.
El asesor jurídico dijo que pedirán también la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo que suponen una violación a los derechos humanos de los procesados al exhibir su traslado.
Aunque Martínez Ambrosio coincidió con Núñez Gines el desconocer oficialmente como detención y traslado a la PGR, señaló que denunciarán ante organismos internacionales la desaparición de los cuatro personajes, “como un caso de desaparición forzada y pediremos su aparición con vida”.
