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carina.garcia@eluniversal.com.mx
Para conceder el dictamen positivo a los estatutos del PRD, el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenó introducir elementos de certidumbre a sus convocatorias a comicios internos; corregir reglas de justicia partidaria y precisar mecanismos para suspender transferencias financieras a las dirigencias estatales.
Las observaciones que se realizaron al PRD y que fueron acatadas —por lo que el INE declarará hoy la constitucionalidad del Estatuto, Declaración de Principios y Programa perredistas— buscan dar garantías a sus militantes sobre las reglas para el relevo de dirigentes y que habrá debido proceso en la aplicación de sanciones.
Resultado de las observaciones hechas por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, la Comisión Organizadora del 14 Congreso Nacional Extraordinario del PRD tuvo que reunirse el 15 de este mes para corregir el estatuto y obtener la validación del Instituto Nacional Electoral.
Ese órgano perredista modificó el artículo 255 de su estatuto sobre las normas generales para elecciones internas e introdujo un nuevo inciso con nueve apartados para precisar las reglas que deberán fijarse, pues hasta ahora no siempre se dejaban claras en las convocatorias respectivas.
Ahora se estableció que éstas “deberán otorgar certidumbre a todos los participantes y afiliados, deberán observar las normas intrapartidarias” y contener al menos: cargos o candidaturas a elegir; requisitos de elegibilidad, siempre y cuando no vulneren el derecho a ser votado, fechas de registro y documentación a entregar.
“Toda base para elección deberá incluir periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de registro, reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de dirigentes, método de selección, fecha y lugar de la elección, y fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de campaña, en su caso”.
Refuerzan justicia partidaria. En su reforma estatutaria de septiembre, el PRD había previsto la expulsión de sus filas, sin mayor averiguación, de militantes señalados por casos de corrupción.
El INE propuso y así se agregó en el apartado sobre causales de pérdida del carácter de afiliado “por actos de corrupción”, la precisión de que deberá haber resolución condenatoria previa.
Ésta deberá ser “definitiva en un proceso penal o en un proceso administrativo mediante resolución en la cual se imponga una sanción de carácter administrativo”.
En su Congreso, el PRD también había resuelto, como medida de control, que en caso de que una dirigencia estatal fuera omisa y reincidente en incumplir sus responsabilidades de comprobación de gastos, se solicitaría al INE la retención temporal de las prerrogativas.
Empero, se modificó para que sea la Secretaría de Finanzas del partido la que suspenda las transferencias económicas cuando la dirigencia estatal no rinda ante las autoridades electorales los informes anuales y trimestrales del gasto ordinario, informes de precampaña y campaña o comprobar el ejercicio de la transferencia nacional y las prerrogativas estatales recibidas.
El PRD entró en un proceso de ajuste interno tras las elecciones del 7 de junio. El dirigente Carlos Navarrete, anunció su salida anticipada, pues su periodo concluía hasta 2017.
