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El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal negó el amparo a siete de los 12 integrantes del Comité de Obras Públicas que, a principios de 2010, determinó el mecanismo mediante el cual se debía concursar la construcción de la Estela de Luz.
Ahora, el juez 14 federal con sede en el Reclusorio Sur deberá determinar si deben pagar mil millones de pesos cada uno para enfrentar el proceso en libertad, aseguró su abogado Gabriel Regino.
“La consecuencia inmediata es que se debe regresar el expediente al Juzgado 14 para que se continúe con el proceso penal correspondiente. En cuanto a su libertad, tenemos que solicitarle a este juez que fije las garantías a exhibir para tener acceso al beneficio de la libertad provisional”, detalló.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Regino García explicó que lo grave es que aunque no hay una sentencia condenatoria contra los siete representados, “la ley establece que deberían garantizar el presunto daño cometido, es decir, estamos hablando de que existe la posibilidad de que el juez le requiera a cada uno de ellos que exhiba mil millones de pesos para poder enfrentar su proceso en libertad”.
Dijo que la decisión de exigir esos mil millones de pesos a cada uno dependerá de la ponderación que haga el juez de las reformas en materia de derechos humanos de 2011, de su interpretación sobre los principios de presunción de inocencia y de proporcionalidad. Estimó que el fallo se dará en unas dos o tres semanas.
Sobre los motivos para que se les ordene pagar mil millones de pesos a cada uno, cuando es el monto total del presunto desvío, el abogado explicó que “en esta etapa, como no hay sentencia condenatoria, no se sabe quién cometió el delito y, por lo tanto, si alguno de ellos queda absuelto, el daño no quedaría garantizado si se dividiera equitativamente en cada uno de ellos. Se estima que quien quiera tener derecho a la prorrogativa de la libertad bajo fianza tendrá que hacer frente a la cantidad completa”.
Recordó que la única intervención que tuvieron estas siete personas en el proceso, se dio el 5 de enero de 2010, cuando definieron que la contratación de la empresa que edificaría el monumento sería por invitación a tres participantes y no por licitación o adjudicación directa.
“Pero lo más importante es que se les está responsabilizando cuando no erogaron siquiera un solo peso, no intervinieron en la elección de la empresa constructora, no autorizaron las bases ni fueron parte del fideicomiso”.
Reiteró que “estamos ante un proceso de cortina de humo, con chivos expiatorios, donde tomaron al eslabón más débil de toda la cadena para proteger a todos aquellos que realmente participaron en lo que ese acto de corrupción que fue la Estela de Luz”.
Concluyó que el estado de ánimo de sus clientes “es de mucha tristeza y de mucha frustración”, pues confiaban que se les concediera el amparo y con ello se pusiera fin a la acusación en su contra.
Los acusados son Érick Treviño, ingeniero en Electrónica; Carlos Olivares y Ricardo Morales, contadores públicos, así como los arquitectos Sergio Salas, Ricardo Díaz, Fernando Spadoni y Domitilo Barragán.
