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Por mayoría de 4 votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló esta tarde la elección de gobernador del estado de Colima por la intervención del gobierno local en ese proceso, por lo que ordenó al Congreso local convocar a nueva elección extraordinaria.
Votaron a favor de la anulación los magistrados Manuel González Oropeza, ponente en el caso, la magistrada María del Carmen Alanís, Salvador Nava Gomar y el magistrado presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza.
En contra votaron el magistrado Pedro Esteban Penagos y Flavio Galván pues ambos consideraron que las elecciones deben declararse válidas.
Al rechazar la nulidad, pidieron no afectar al 60 % de ciudadanos que emitieron su voto - casi 300 mil- si no se acreditó que la influencia del gobierno si haya incidido en los resultados.
Penagos expuso que a su juicio si bien se comprobó la intervención de funcionarios del gobierno local, esto debió haber sido material y con impacto en el resultado de la elección para ameritar la anulación.
En el debate, el magistrado presidente Carrasco Daza dijo que esta sentencia obliga a todos los funcionarios públicos a tener una actuación de moderación y prudencia, “nos debemos automarginar de los procesos electorales” pues no hacerlo puede llevar a deslegitimar una elección .
Al exponer su postura, el magistrado ponente, González Oropeza lamentó tener que votar por la anulación, por la participación del gobierno de la entidad.
“Esta disposición si bien es constitucional y legal ¿hasta qué punto es adecuada? (pues implica) anular la elección cada vez que una autoridad intervenga… ¿Es justo que esa elección que implica miles de ciudadanos sea anulada por la responsabilidad de las autoridades? Esto debe discutirse próximamente.
“Pero mientras se discute y aplica la norma no tenemos más que aplicarla”.
CAMBIAN DE ÚLTIMA HORA
Aunque el proyecto original difundido el día 13 de este mes preveía confirmar el triunfo de José Ignacio Peralta, de la Coalición PRI-PVEM-Panal, las pruebas supervinientes aportadas ayer por el PAN y su ex candidato Jorge Luis Preciado, variaron el sentido de la sentencia.
Estas consistieron en el video donde, ante el Congreso local, y a pregunta de la diputada Julia Lisette Jiménez Angulo, el secretario de Desarrollo Social local, Rigoberto Salazar Velasco aceptó haber sostenido una conversación con una ex trabajadora -- misma que se difundió en redes sociales y ya había sido denunciada por el PAN- en la que pidió apoyo con programas sociales, a nombre del gobernador Mario Anguiano.
Dado que el funcionario admite la veracidad del audio de acuerdo a la mayoría de los magistrados se configuró la participación del gobierno del estado en el proceso, lo que ya había sido denunciado por el PAN pero ahora quedó verificado.
Así se confirmó que se incurrió en lo establecido en el artículo 59 de la Constitución local, que establece que la intervención del gobierno es causal de nulidad.
En la sentencia se propone dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) para que investigue posibles irregularidades como el uso de recursos públicos con fines electorales y la conducta tanto del funcionario de Desarrollo Social, como del procurador local.
cg
