Más Información
alberto.morales@eluniversal.com.mx
El dictamen de idoneidad sobre los dos relevos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se definirá por los 16 integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, donde las cúpulas de los partidos políticos tienen influencia.
El grupo es presidido por el senador Fernando Yunes Márquez (PAN), quien pertenece al equipo de Gustavo Madero y Ricardo Anaya, dirigente del blanquiazul.
La secretaria de la comisión, Ivonne Álvarez (PRI), es del grupo del coordinador parlamentario Emilio Gamboa, uno de los principales liderazgos dentro del tricolor. Mientras que Angélica del la Peña (PRD) pertenece a la corriente Nueva Izquierda (NI), conocida como Los Chuchos.
Por grupos parlamentarios, el PRI cuenta con seis legisladores al interior de la comisión. Entre ellos destacan del equipo de Gamboa: los senadores Miguel Romo, Omar Fayad y Jesús Casillas. A Cristina Díaz y Enrique Burgos se les identifica con Manlio Fabio Beltrones, líder nacional del tricolor.
El PRD cuenta con dos senadores, además de Angélica de la Peña, la vicecoordinadora parlamentaria Dolores Padierna, quien pertenece a la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) y Benjamín Robles, de Nueva Izquierda.
Por el PAN, además del senador Yunes, la bancada cuenta con otros tres legisladores dentro de la comisión. Al senador Raúl Gracia no se le identifica con ninguna expresión al interior del panismo. Los legisladores Pilar Ortega y José María Martínez son más afines al senador Ernesto Cordero Arroyo, otro de los liderazgos del panismo.
El senador Carlos Alberto Puente (PVEM) es cercano al grupo de Emilio Gamboa; su compañero David Monreal (PT) es afín al equipo de Morena de Andrés Manuel López Obrador, y Martha Tagle (suplente de la senadora Alejandra Barrales) es independiente.
En los perfiles académicos destacan que de los 16 integrante de la Comisión de Justicia, 11 son abogados o doctores en Derecho (Enrique Burgos), hay dos economistas (Padierna y Robles), De la Peña tiene licenciatura en Teatro por la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara y Martha Tagle cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM.
Los mejores perfiles. El próximo 30 de noviembre los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza concluyen su periodo de labores frente a la SCJN, por lo cual el presidente Enrique Peña Nieto tiene que enviar al Senado dos ternas con sus propuestas de ministros, quienes deberán comparecer ante los legisladores y obtener dos terceras partes de los votos para poder ocupar los lugares vacantes.
Especialistas en Derecho coincidieron en que las ternas que presente el Ejecutivo deberán tener perfiles alejados de cualquier sesgo partidista y vínculos con el gobierno federal, pero sobre todo que se privilegie a juristas, que conozcan el Derecho y el funcionamiento del ejercicio de la jurisdicción federal.
El doctor Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que hay dos dilemas que tendrán que valorar Peña Nieto y el Senado: los perfiles.
“Tienen que ser internos del Poder Judicial, el segundo dilema es el tema de género, donde surgió la inquietud que quedaría una mujer, la ministra Margarita Luna Ramos”. Recordó que la SCJN es un órgano técnico de control de constitucionalidad, que ejerce una facultad de equilibrio y de control hacia los demás poderes.
Miguel Sarre Iguíniz, profesor de Derecho del ITAM, expresó que el reto es elegir a quienes respondan a un perfil de un ministro de la Corte, que es un juez por excelencia con independencia e imparcialidad.
Advirtió que de no ser así habría un riesgo por doble vía. Por una parte, dijo, ese nexo implicaría que no se eligiera al aspirante más apto, “porque el más capaz no necesariamente es mi amigo, eso implicaría un riesgo de parcialidad en asuntos que afectarían al amigo”.
Para el máximo tribunal sería un golpe y menoscabo. “No sólo sería una disminución de la fuerza del órgano, sino pondría en riesgo su credibilidad como institución”, señaló.
El maestro Víctor Manuel Martínez Bullé-Goyri, investigador de Jurídicas de la UNAM, coincidió que uno de los peligros sería pegar a la autonomía
del órgano.
“La SCJN es el tribunal constitucional en México y es muy relevante dentro del sistema jurídico-político. Es muy importante que el Presidente se dé cuenta de eso”, destacó.
Los expertos pidieron a los legisladores recordar la experiencia del reciente nombramiento del ministro Eduardo Medina Mora, quien llegó a la Corte entre cuestionamientos de sus vínculos con los gobiernos del PRI y PAN, pero sobre todo por carecer de un perfil técnico constitucional.
Carbonell comentó que los senadores deben privilegiar perfiles de jurista, que conozcan el Derecho y el funcionamiento del ejercicio de la jurisdicción federal, que puede ser gente de adentro o de fuera del Poder Judicial. “Puede venir de la academia, del litigio, de alguna experiencia como el notariado, recordemos que Olga Sánchez Cordero, antes de ser nombrada ministra, era notaria colegiada”.
Martínez Bullé-Goyri agregó que también se debe tomar en cuenta la representación por género, porque es importante que haya más mujeres en la Corte. “Sin duda las magistradas y juristas tienen una extraordinaria calidad y gran prestigio; la visión que pueden tener como mujeres es importante que se escuche”.
Sarre Iguíniz no es partidario de las cuotas, pero habiendo un desbalance tan fuerte y marcado al interior de la Corte: integrada por 11 ministros donde sólo dos son mujeres, es muy importante la presencia y la perspectiva de ellas. “El hecho de ser mujer no lo hace a nadie capaz ni idóneo, pero si tenemos 10 hombres suena muy desfasado quedarnos con una sola mujer en el máximo tribunal, eso es un tema de reivindicación de derechos y de tener un producto más adecuado de justicia, porque ellas pueden tener perspectivas que los hombres no”.
Carbonell y Martínez expresaron que es necesario que una vez que termine los nombramientos de los dos nuevos ministros se revise el método de elección para dar mayor participación a la sociedad civil, pero también al Poder Judicial o a los Colegios de Abogados, para que también ellos puedan presentar a sus propios aspirantes para despartidizar esos cargos.
