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Se podría ejercer acción penal por el delito de declaraciones falsas ante una autoridad diferente a la judicial en contra de los funcionarios federales que comparecieron, bajo juramento, sobre la fuga de Joaquín El Chapo Guzman, líder del Cártel de Sinaloa, pero hay excepciones, coincidieron expertos consultados.
El abogado Juan Velásquez precisó que el artículo 247, fracción primera, del Código Penal Federal castiga el delito de falsedad en declaraciones con una pena de cuatro a ocho años de prisión en tanto que la persona interrogada por alguna autoridad pública distinta a la judicial, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltara a la verdad.
“Una cosa es ir y mentir y otra cosa es ir y no decir. Habría que ver las preguntas y las respuestas para saber si en tanto con ellas faltaron a la verdad, y además dolosamente o con intención, o no”, indicó.
El artículo 15, fracción sexta, del Código Penal Federal señala “que el delito se excluye cuando la acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico”. En este sentido, agregó, en tanto la ley le impone a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR) el cumplimiento de un deber, que es la investigación de los delitos, no se le puede perseguir porque no diga o diga otra cosa.
Tony Payan, director del Centro México de la Universidad Rice de Texas, afirmó que ante la evidencia el gobierno debe levantar cargos contra funcionarios federales por las versiones falsas que dieron al respecto.
“Esto merece que por lo menos en el Senado debería haber una comisión para indagar lo que ocurrió” en las declaraciones contradictorias de funcionarios como Monte Alejandro Rubido, ex comisionado Nacional de Seguridad y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio.
“Sí puede haber una falsedad de declaración si el funcionario lo hace bajo juramento ante el Congreso, pero en caso contrario no hay delito y la sanción sólo sería moral”, indicó Samuel González, asesor independiente en seguridad nacional.
“Las mentiras van hacia las comparecencias que tuvieron ante a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Ahí sí están en falta política e inclusive legal porque juran decir la verdad ante los miembros del Congreso; es la sanción más cercana que pudiera haber”, dijo Gerardo Rodríguez, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas.
