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Tras 45 años de ser parte del Poder Judicial y de haber subido todos los peldaños hasta llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Juan Silva Meza hace una severa advertencia: la autonomía y la independencia de la Corte están en riesgo si se politizan las designaciones de los ministros que componen el pleno.
“Sería un parteaguas, un retroceso brutal y una afectación de los principios fundamentales [de la Corte], su autonomía y su independencia. Necesitan estar desprovistos de cualquier interés político, en beneficio de todos”, dice el magistrado al referirse a la designación de los ministros que el próximo 30 de noviembre deberán ocupar el lugar que dejarán tanto él como la ministra Olga Sánchez Cordero.
En las últimas semanas han crecido las voces que piden al Presidente de la República nominar para ambas plazas en la Corte a miembros de carrera del Poder Judicial y especialmente a mujeres, pues a la salida de Sánchez Cordero sólo queda en el pleno una mujer, Margarita Luna Ramos.
Silva Meza considera que tanto en la Suprema Corte como en el Poder Judicial en general es necesaria una mayor equidad de género y asegura que es válida la petición de magistradas y juzgadoras de que los espacios sean ocupdos por mujeres, y argumenta que esta medida se debe tomar no por el simple hecho de que sean mujeres ni como una situación de “cuota”, sino “simplemente porque tienen toda la capacidad”.
En el tema de que los ministros sean de carrera judicial, Silva Meza hace notar que “la Constitución da una orientación de que se integre el pleno de la Suprema Corte preferentemente por personas de carrera judicial, pero esta orientación constitucional no se ha cumplido” y explica que en la actual conformación del pleno la mayoría de los ministros provienen de la carrera judicial, aunque asegura que hay evidencias y casos probados de ministros con excelente desempeño que han venido tanto de fuera de la carrera judicial como de dentro.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el ministro Silva Meza habla de los momentos difíciles que le tocó enfrentar como presidente del tribunal constitucional del país, en especial recuerda que tuvo que dar la batalla para “defender la autonomía y la independencia, que es nuestro capital fundamental, y mantener vigente la separación real de los poderes”, y enfrentar “descalificaciones” de quienes no dimensionaban con equilibrio la función judicial y medían con la misma vara a todos los juzgadores”.
Su presidencia se podría caracterizar por varios temas, pero hay dos en especial que llaman la atención. El primero, el de la preocupación por los derechos humanos. El segundo, el del combate a la corrupción dentro del propio Poder Judicial. En este segundo tema, ¿qué tanto le preocupan los niveles de corrupción del Poder Judicial? ¿De qué tamaño es la amenaza?
—Es de preocupar, pero afortunadamente, y lo digo con conocimiento de causa, no hay patrones de comportamiento generalizados. Sí, como en todo despeño, y más en un desempeño de esta naturaleza, ha sido imposible alejarlos o impedir que se presenten actos de corrupción, y en todas sus manifestaciones. La corrupción no simplemente es a través de dinero o de una resolución que no está apegada a derecho, sino que hay muchas manifestaciones. Aquí hay que ser intolerantes, pero con equilibrio en tanto que los juzgadores también están sujetos a imputaciones injustas, pues siempre en los litigios hay una persona que gana y otra que pierde, y tradicionalmente el que saca la peor parte argumenta que es porque el juez se vendió, que lo compraron y es una situación que desgraciadamente es muy común, por lo que hay que ser muy prudentes en la investigación, pero no soslayar. Y cuando se tiene evidencia, hay que actuar hasta las últimas consecuencias en los términos legales, no soslayarlo con una renuncia, ni con algo que no sea correspondiente al comportamiento. Eso es algo que sí fue [en su presidencia] una preocupación clave de evitar la corrupción en el Poder Judicial. Yo siempre dije que no es justo que por unos cuantos se deteriore la imagen de todos los juzgadores esforzados, a veces heroicos, valientes, a veces. No es justo que por unos cuantos se lastime la imagen y la confianza de todo el Poder Judicial, por eso cuando estemos frente a uno de esos hay que actuar; no los queremos a esos, ellos son los que deterioran la imagen, y no por la imagen en sí misma, sino por la confianza en quienes son pieza fundamental en el desarrollo de una sociedad entera.
¿Y se ha mantenido esta línea que usted tuvo en su presidencia?
—Afortunadamente, no son patrones de comportamiento habituales, pero sí se ha respondido de la misma manera, antes y ahora; a lo mejor con mayor intensidad en determinado momento, pero me atrevo a decir que en el desempeño actual de esta administración no ha habido absolutamente ningún retroceso. Sé, y me consta, que ha habido una total intolerancia del actual presidente a comportamientos de esta naturaleza.
Y en el segundo tema, ¿cuáles son los avances que usted destacaría en materia de derechos humanos en el Poder Judicial?
—En principio, la capacitación para hacerlos efectivos, para que hubiera esa posibilidad de conocimiento generalizado de los nuevos temas, de las nuevas obligaciones a partir de la reformas constitucionales. Nos preocupamos por dotar de herramientas, fueran tanto tecnológicas como académicas, para tener un Poder Judicial altamente capacitado. En tanto que ese comportamiento del Poder Judicial permea a toda la justicia nacional, nos asumimos como responsables de que esas reformas transitaran, y nos asumimos sin que nadie nos dijera, a través de las agrupaciones, de las asociaciones de jueces. Tratamos de, por así decirlo, liderar esta campaña en tanto que éramos los que teníamos mayor impacto nacional y una autoridad moral y jurisdiccional para poder capacitar a todos, para que todos habláramos el mismo lenguaje y manejáramos las mismas herramientas en tanto que así el tránsito sería lo más rápido y mejor posible.
¿Y cuáles serían los retos?
—Desde luego, a nivel de toda la justicia, en la revisión de los criterios, de la actualización de los nuevos criterios; el atreverse a hacer cosas, a resolver en los nuevos paradigmas, no como algo inusitado, no como algo desbordado, sino simplemente en lo que manda actualmente la Constitución.
¿Cuál fue su momento más difícil como presidente de la Corte?
—Los momentos complicados fueron aquellos en que no se dimensionaba con equilibrio la función judicial y se medía con la misma vara a toda la justicia o a todos los operadores de la justicia, concretamente a los juzgadores. El defender la autonomía y la independencia, en tanto que es nuestro capital fundamental, mantener vigente la separación real de los poderes, la sana distancia democrática constitucional que podemos tener, la interlocución que podemos tener, pero cada quien haciendo lo que corresponde, esos momentos eran difíciles en tanto que las descalificaciones eran muy generales y los jueces sí hablamos a través de nuestras sentencias, pero había que acompañarlas, y no con justificaciones, pero sí con explicaciones. A veces eran injustas [las acusaciones], pero cuando no fueron injustas actuamos en consecuencia, pero eran momentos complicados.
¿Muchas presiones?
—Las presiones del juzgador siempre están ahí, porque son inclusive las propias. Uno actúa muy presionado simplemente por tratar de hacer el mejor trabajo. Ahora, hay partes siempre, sean autoridades o particulares, hay presiones de todo tipo, pero esa es una cuestión de la que los jueces deben de estar muy conscientes y manejarlas, deben ser prudentes, ecuánimes, dándole el valor a las cosas, pero sí [deben] cambiar la línea y hacer lo que se tiene que hacer, más allá de cualquier presión. A veces son presiones difíciles, riesgosas, hay que tomar decisiones muy complicadas, a veces lastimando muchos intereses, pero no hay de otra, esa es la función que nos toca.
¿Pero sí acusó recibo de esas presiones provenientes de poderes fácticos y políticos?
—Puedo decir que no sólo en la Corte, sino como juez, como magistrado.
¿Cree usted que la SCJN debería tener mayor equidad de género?
—Sí, definitivamente creo que sí, y no solamente la Corte. Concretamente en nuestro caso, en la Corte durante añísimos fue sólo la señora ministra [Olga Sánchez Cordero] en el grupo de los 11, ya después entró doña Margarita [Luna Ramos], pero sí debe estar presente, definitivamente [la mujer] debe estar presente, vivimos otro tiempo, sí amerita.
¿Por qué se necesita una Suprema Corte con mayor representación de mujeres?
—Porque no hay ninguna razón para que no sea así. Y con otra circunstancia: que no lo sean porque son mujeres, sino porque las mujeres tienen la misma capacidad, los mismos requisitos de elegibilidad. Hay de donde escoger, no porque sea una cuota, sino simplemente porque tienen toda la capacidad. Es un tema global. En Francia, la escuela judicial tiene más de 70% de mujeres y las designaciones son por la vía de la escuela judicial.
¿Apoyaría las expresiones de magistradas y juzgadoras que han exigido que tanto el lugar que usted dejará vacante como el de la ministra Sánchez Cordero sean ocupados por dos mujeres provenientes del Poder Judicial o con experiencia en la materia?
—Es válida la petición de la Asociación de Jueces y Magistradas. Manifiestan esta situación para todo aquél que tenga que tomar una decisión de este tipo, concretamente en el Poder Ejecutivo y después en la cámara de senadores, que tomen en cuenta los dos requisitos que han estado en el aire: que sean de carrera judicial y que sean mujeres, y que hay quienes cumplirían los dos requisitos, es la expresión que hace una asociación y queda ahí planteada. Hay otra, la Asociación de Jueces y Magistrados, aunque en esa asociación hay hombres y mujeres, en la que se hace el señalamiento de que se prefiera la carrera judicial.
Mi opinión es que tan buenos unos como otros. Tenemos evidencias, casos probados de excelentes ministros de fuera, como se les ha dicho, y de carrera judicial; excelentes los unos y los otros. ¿Cuál ha sido el tema aquí en los últimos años, ahora mismo que somos minoría los que provenimos de carrera judicial? Que la Constitución da una orientación de que se integre el pleno preferentemente por personas de carrera judicial. Esta orientación constitucional no se ha cumplido, ya no se cumplió, pero no podemos decir ni que es buena ni que es mala. Sí tiene ventajas, vamos a decir de oficio, que no quiere decir que se tenga que desplazar a quienes no tuvieron ese desempeño ni en la academia ni de la postulancia, pues han trabajado cerca del Poder Judicial, han estado ahí presentes en las cuestiones jurisdiccionales sin ser juzgadores, y todo eso es sano. En un cuerpo colegiado es diferente la visión de un litigante, por ejemplo, que la de un juzgador de carrera, y esa buena mezcla nos lleva a decisiones más informadas, más justas.
Pero además en las demandas de miembros del Poder Judicial está el tema de la politización en la designación de los nuevos ministros. ¿Qué tanto le preocupa a usted este tema?
—Sí es preocupante. Los principios y valores fundamentales para el desempeño judicial son la autonomía y la independencia. No se puede tolerar el riesgo, no quiere decir que así sea, de que esto fracture, lesione, fisure, la autonomía y la independencia en función de que se obedece al apoyo de un partido, de un sector; simplemente, este mecanismo para la designación debe estar desprovisto [de intereses]. Si no lo está, gravita en la persona que llega aquí, independientemente de cuál haya sido el mecanismo, viene con la obligación de ser independiente. Llega a través de un mecanismo, pero no debe tener compromiso, no puede tener ninguna otra subordinación más que con la Constitución y la ley, pero lo deseable es que ese proceso no esté viciado o no se confunda, que no propicie confusión en el beneficiario de una designación de que le debe algo a alguien, ese es el riesgo que no se debe correr, ni politizar estas decisiones.
¿Pero usted cree que de la manera en que se está dando este proceso de sucesión no haya politización?
—El Poder Judicial es espectador. Ahí interviene el ejercicio responsable de las atribuciones constitucionales que tiene cada uno de los poderes que intervienen en la designación y en la integración de este órgano. Amerita un ejercicio responsable, propiciar la autonomía y la independencia, salvaguardar estos valores para este poder que les conviene a todos. Mientras más autónomos, más independientes sean los juzgadores funcionarán mejor los poderes.
La Corte ha recorrido un largo camino para lograr autonomía e independencia, ¿usted vería que si se politizara la proposición y la designación de los aspirantes a ministros estaríamos en riesgo de un gran retroceso?
—Sí, definitivamente, sería un parteaguas, sería un retroceso brutal y una afectación a uno de los principios fundamentales, su autonomía y su independencia. Necesitan estar desprovistos de cualquier interés político, e insisto, esto en beneficio de todos, nos conviene a todos, sería un Poder Judicial confiable para todos.
En los mecanismos que tiene [la Corte] de control de regularidad constitucional, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, todos estarían satisfechos con las decisiones de jueces autónomos, estarían de acuerdo en cumplir y en acatar porque la Corte lo dice, estando integrada por ministros autónomos e independientes, que no tienen otro interés que el de emitir una decisión justa y apegada a la Constitución, eso es lo que quiere todo mundo. Lo tienen que querer los poderes, lo quiere la sociedad, lo quieren los sectores público y el privado. Todos quieren tener juzgadores que generen confianza, que se atrevan.
¿No sería deseable que quienes sean nominados y designados ministros de la Suprema Corte no hayan tenido una vida de militancia partidista?
—Volvemos a que eso ya gravitaría en la persona. La persona pudo haber tenido un desempeño de ese orden y asumir este cargo en plenitud de responsabilidad sabiendo que tiene el deber de ser autónomo e independiente, pero eso ya es de persona a persona.
¿El actual método de selección de los ministros de la SCJN es el adecuado o es perfectible?
—El diseño no es malo. Pasa como en muchas figuras o construcciones legales: son buenas pero en el camino se van presentando mecanismos para desvirtuarlas o deformarlas. Si todo se hace profesionalmente no hay ningún problema con el diseño. El diseño responde si y sólo si hay responsabilidad en los que participan en él, una responsabilidad constitucional.
¿Y la ha habido?
—No podría decir no, no ha habido, o sí, sí ha habido.
