El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados impulsa un punto de acuerdo con el que busca la constitución de un comité que elabore un Código de Ética y Conducta Parlamentaria, con la finalidad de regular el actuar de las y los diputados federales.


El documento publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, la secretaria general del PRI y diputada federal, Carolina Monroy del Mazo, busca hacer más eficiente la labor legislativa y reforzar la confianza y credibilidad de la sociedad mexicana hacia el Poder Legislativo.


En su argumentación, la legisladora mexiquense explica que en el ámbito internacional existen claros ejemplos del positivo impacto que puede llegar a tener una herramienta de regulación de conducta como la que se propone; tal es el caso de naciones como Francia, Inglaterra y Alemania, que desde hace varios lustros aprovechan este tipo de instrumentos; y en los últimos años se han reproducido con excelentes resultados en Estados Unidos, Canadá, Paraguay, Chile y Perú, entre otros.


En el caso de México, legislaturas pasadas, han presentado al pleno al menos 30 iniciativas y puntos de acuerdo que pretendieron desde la creación de una ley federal de ética parlamentaria, hasta la integración de una comisión o grupo que, avalado por un código de conducta, se encargaría de vigilar que las y los legisladores se rigieran por los principios básicos de educación y convivencia.


“En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por crear un instrumento jurídico que vigile y regule la conducta y el desempeño de los legisladores, es tiempo de reconocer que falta un paso decisivo, y que éste debe emanar de la abierta y clara voluntad de honestidad y transparencia de cada legisladora, de cada legislador, para honrar así a sus deberes y a la patria”, detalla el documento.


Detalla que el Comité tendrá la tarea de dar seguimiento a las quejas, observaciones y demás asuntos relacionados con la conducta de las y los legisladores, y estará facultado para investigar sistemática y constantemente las mejores prácticas legislativas alrededor del mundo, con el propósito de replicarlas en nuestro sistema legislativo.


“La necesidad de recuperar la confianza, siendo ésta un sustento indispensable de la reconstrucción del tejido social, es un imperativo nacional e internacional, y nuestro ámbito legislativo no es la excepción; por ello, se propone la regulación formal acompañada del fomento permanente de un actuar basado en valores”, reseña el documento en la Gaceta Parlamentaria.

cg

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