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En el pasado algunos de los proyectos de infraestructura inmobiliaria del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE) han sido, por lo menos, polémicos.
Su costo, planeación, duración o fallas en la supervisión de las obras han sido cuestionados, e incluso señalados por causar un daño patrimonial millonario, según la Contraloría General de la institución.
La recurrencia de las fallas llevó a esa instancia a concluir, en su más reciente Informe de Revisiones y Auditorías enero-junio 2015, que ha habido “una reiterada falta de planeación, supervisión y control” en la obra pública realizada por el IFE, y que ahora repite el INE.
Pero esa historia, asegura el director ejecutivo de Administración del INE, Bogart Montiel, no se repetirá.
“Sin duda alguna la obra pública siempre ha dado de qué hablar. En el caso del INE hay capítulos que no deben repetirse y no se repetirán con este acompañamiento y vigilancia que realizará la Contraloría” pues se tiene la instrucción de transparentar la obra al máximo.
Señala que se busca ahora un “acompañamiento por parte de la Contraloría para evitar cualquier error. Ésta ha asumido un papel preventivo más que correctivo”.
Por eso asegura que se cuidará el proceso de licitación de la obra, en el primer trimestre de 2016, y para la construcción se traerá “a los mejores, los que permitan acabar con los errores y los tabús alrededor de una obra pública”, dijo Montiel
Fallas recurrentes. Los errores más evidentes en el Programa de Infraestructura Inmobiliaria son dos: la compra y remodelación del edificio de Acoxpa, ubicado en la delegación Tlalpan, que según la Contraloría causó un daño patrimonial por 124 millones de pesos en 2009 y motivó sanciones a cuatro ex funcionarios.
En este caso, sin embargo, la mayoría de los consejeros del entonces IFE consideró que no hubo ese nivel de irregularidades, quebranto, ni responsabilidad de directivos de la institución.
El otro asunto son las obras en la Junta Local de Jalisco, costosas pero inutilizadas desde que se adquirió el inmueble, en el pasado 2007, según se señala en el Informe.
Los retrasos provocaron hasta 2014 un daño al erario de 4.6 millones de pesos en total, por lo que se iniciaron 10 procedimientos administrativos contra servidores públicos.
Otros casos más recientes aparecen en el citado informe, que da cuenta de 10 observaciones derivadas de las auditorías relacionadas con inmuebles de las juntas distritales de los estados de Coahuila y Durango.
Las anomalías comunes son la “falta de personal idóneo en las residencias de obra y en la supervisión interna” y la inexistencia de sistemas específicos para la planeación y control de la obra”.
Así, en Coahuila se reportaron atrasos en parte por “una insuficiente exigencia” para cumplir; deficiente supervisión del INE e incluso de la empresa contratada externamente. Lo mismo en Durango, pero además se cotizaron insumos no relacionados con el objeto a construir.
Se concluyó por tanto que: “Se hace preciso señalar que la tríada planeación-ejecución-control, esencia del proceso administrativo, persiste como aspecto fundamental no resuelto” en el Programa de Infraestructura Inmobiliaria.