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francisco.resendiz@eluniversal.com.mx
San José Chiapa, Pue.— El presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la Cancillería convenir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la ampliación del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, a fin de que concluyan sus trabajos en México.
Al fijar la posición del gobierno de la República sobre el informe de este grupo, dado a conocer el domingo, manifestó su deseo de reunirse nuevamente con los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos durante los hechos violentos de Iguala en septiembre del año pasado.
Advirtió que si hay algunas diferencias con las diligencias realizadas por la Procuraduría General de la República, éstas podrán ser superadas con nuevos peritajes, particularmente en Cocula, por parte de grupos de peritos forenses del más alto nivel, “que nos permitan tener mayor certeza de lo ocurrido”.
Enfatizó en que el informe del Grupo de Expertos confirma la participación y probable responsabilidad de los policías municipales de Iguala y de Cocula, junto con el crimen organizado, y en que a partir de las investigaciones de la PGR hay 110 personas aprehendidas.
El mandatario precisó que la búsqueda de los estudiantes sigue, que no está concluida, pero por petición de los padres se realiza de manera individualizada.“Durante estos meses, el gobierno de la República ha estado cerca de los padres de las víctimas, no sólo me he reunido personalmente con ellos, también lo han hecho diversas autoridades federales. Quiero que sepan que tengo total disposición para reunirme nuevamente con los padres, una vez que estén presentes todos los integrantes del Grupo de Expertos de la CIDH”.
Manifestó se siente unido a los padres de familia por “el deseo de conocer la verdad de lo que lamentablemente haya ocurrido”.
De gira por Puebla, donde estuvo acompañado por el gobernador Rafael Moreno Valle, inauguró el Bulevar Industria Automotriz y el Distribuidor Vial Número 9 del Anillo Periférico Ecológico, que tuvo una inversión de mil 700 millones de pesos, sentenció: “No cejaremos hasta que todos los culpables por este muy lamentable hecho sean llevados ante la ley. El caso, como lo hemos sostenido, se mantiene abierto y la investigación continúa. Será el Poder Judicial el que determine cuándo deban de concluirse y darse las conclusiones respecto a este tema”.
Después de hacer un reconocimiento al trabajo profesional del GIEI, dijo que “los resultados serán valorados con la Procuraduría General de la República, que es la instancia encargada de llevar a cabo la investigación, que habrá de valorar la incorporación de estas investigaciones por parte del Grupo de Expertos. Y si bien, hay que decirlo, hay algunas diferencias de las diligencias realizadas entre la Procuraduría, éstas podrán superarse con nuevos peritajes que nos permitan tener mayor certeza de lo ocurrido”.
jram
