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La presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, Adriana Dávila Fernández (PAN) en el Senado, propuso al pleno que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga la investigación del caso de venta bebés, cometidos por servidores públicos del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Sonora.
La propuesta de Dávila Fernández, expuesta ante el pleno del Senado, recibió la adhesión inmediata de legisladoras del PRI y PRD, y fue enviada a comisiones para su dictamen que posteriormente votará el órgano legislativo.
La propuesta pide que se lleven a cabo las detenciones y consignaciones por el delito de trata de personas y explotación que correspondan, derivadas de la venta de bebés que fue advertida a autoridades mexicanas por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, desde marzo pasado.
Dávila Fernández indicó que “nos encontramos ante la posibilidad de la comisión del delito de trata de personas y explotación”, y por su gravedad la investigación no debe quedar sólo en manos de las autoridades locales.
Previno: “No puede quedar abierta la posibilidad de impunidad y menos cuando se habla de un delito tan grave como la trata de personas y la posible explotación no sólo de los menores, sino de mujeres que puedan ser explotadas con fines reproductivos”.
Refirió que las investigaciones han permitido recuperar nueve bebés, consignar 16 presuntos involucrados en delitos de sustracción y tráfico de menores, de los cuales dos son servidores públicos y 14, son parejas y madres solteras.
Por este comercio ilegal, se habrían pagado entre 80 mil y 150 pesos por bebé y desde 2012 había parejas en lista de espera para adoptar recién nacidos de madres en situación de vulnerabilidad, con el objeto de persuadirlas de dar a su descendiente saltándose trámites legales y registrarlos como biológicos.
