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Impulsar leyes para fortalecer el Estado de derecho, concretar un acuerdo para la Justicia Cotidiana y fortalecer la lucha anticorrupción que anunció el presidente Enrique Peña Nieto, son medidas que dividen a los expertos, pues si bien admiten su pertinencia, consideran que no basta la intención de realizar estas modificaciones, sino concretarlas, pues se trata de temas que han exigido los mexicanos durante años.
“Son parte de una exigencia muy fuerte de la sociedad para hacer frente a problemas como la debilidad del Estado de derecho, que ha llevado incluso a plantear que estamos frente a un Estado incapaz de cumplir con sus obligaciones básicas”, dice Roberto Gutiérrez López, politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Destaca que “sí se puede contar con un sistema anticorrupción eficaz, pero se necesita plena independencia de las instancias que dan seguimiento a los casos”.
Juan Reyes del Campillo, politólogo de la UAM, afirma que más que requerir de nuevas leyes, la corrupción es un tema de ética.
“Van tres años de gobierno y no hay una posición clara respecto a la corrupción; me parece una declaración más, con buenas intenciones. Es un fenómeno de años que los políticos no están interesados en resolver; se necesita además la autonomía del ente fiscalizador”, asevera el académico.
Menciona que el pacto por la justicia cotidiana que propuso el mandatario es un buen paso; sin embargo, habrá que esperar la forma en que se aborda el diálogo con la sociedad civil para impulsar un acuerdo nacional en la materia.
“En esta justicia cotidiana, el ciudadano tiene que ver por el ciudadano. Las medidas anunciadas son producto de la demanda social y el gobierno necesita pasos claros, con objetivos; mientras tanto, los mexicanos seguiremos en la incredulidad”.
Promulgar una nueva legislación no es suficiente para que se cumpla con la reforma al sistema de justicia penal y para que garantice el respeto a los derechos humanos del país, ya que una nueva ley no corrige el grave problema que tienen los Ministerios Públicos federales para investigar un delito o combatir crímenes como la desaparición de personas, advierte por su parte la investigadora de México Evalúa, Layda Negrete.
Sobre los puntos del decálogo que presentó Peña Nieto en materia de justicia cotidiana y Estado de derecho, la coordinadora del proyecto Calidad de Justicia, de México Evalúa, agrega que “para probar su compromiso en materia de derechos humanos se ofrecen nuevas leyes, pero la realidad difiere del discurso”.
Por su parte, el académico de la Universidad Anáhuac, Jorge Lara Rivera, considera que las promesas presidenciales para fortalecer el estado de derecho, en realidad son obligaciones que deben cumplir de manera conjunta los poderes Ejecutivo y Legislativo, pues las leyes de justicia para adolescentes y para la ejecución de sanciones penales están previstas desde junio de 2008, cuando se aprobó el cambio del sistema de justicia en México.
Advierte que se trata de compromisos en los que el Estado mexicano está retrasado, por lo que deben considerarse promesas a las que se les intenta dar un nuevo lustre.
“Muchos de los temas que el Presidente compromete en este decálogo son obligaciones ya vencidas, son mandamientos constitucionales y no dependen de una voluntad política, se tienen que realizar de manera forzosa. De hecho, vamos atrasados no sólo en el tema legislativo, sino también en la instrumentación operativa, en la capacitación y en los distintos procesos de rendición de cuentas”, manifestó.
